El exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, quien es el principal implicado en este caso, afirma que las grabaciones divulgadas a través del canal de streaming Carnaval son falsificadas. En esta línea, será la Gendarmería Nacional la encargada de llevar a cabo el estudio informático y acústico que permita comprobar la autenticidad, integridad y origen de la prueba digital.
La defensa de Spagnuolo, liderada por el abogado Mauricio D’Alessandro, se propone demostrar que las grabaciones han sido alteradas y manipuladas maliciosamente, buscando anular su validez legal. Para este propósito, han designado como perito al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.
Torok ha presentado un documento con diez puntos de pericia que buscan auditar la cadena de custodia del material y determinar si existen cortes o ediciones digitales. La defensa sostiene que el audio es un ensamblaje artificial de diálogos tomados en espacios públicos, intercalados con fragmentos de llamadas telefónicas.
Asimismo, los abogados han incluido un informe previo elaborado en España que sugiere un 65% de probabilidad de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi ha designado a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para supervisar la medida. Las farmacéuticas y empresarios implicados en el caso también han incorporado sus propios expertos técnicos.
A pesar del revuelo mediático causado por las grabaciones, las autoridades judiciales han enfatizado que la causa no depende únicamente de este material, ya que cuenta con un conjunto de pruebas documentales e informáticas independientes.
Spagnuolo se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, con un embargo de 202.000 millones de pesos.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sugiere la existencia de una estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis manipulaban las licitaciones públicas. La investigación ha revelado sobreprecios significativos, no solo en medicamentos complejos, sino también en suministros ortopédicos básicos como andadores.
Hasta el presente, la acción penal no ha avanzado hacia los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las grabaciones, aunque la investigación se está adentrando en posibles canales de lavado de dinero dentro de la red corporativa. Para este miércoles, la fiscalía ha convocado al empresario Alan Pocoví, sospechado de mover importantes sumas de dinero y canalizar fondos desviados del organismo estatal hacia la adquisición de criptomonedas.
