El pacto comenzó su vigencia esta madrugada, luego de la publicación del decreto 1010/2026. Firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, el tratado establece una zona de libre comercio para bienes y servicios, alineándose con las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para fomentar la competencia justa y el soporte a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La estructura de desgravación arancelaria se organizará a través de un cronograma escalonado, que incluirá desde la eliminación total de aranceles al momento de la entrada en vigor del acuerdo, hasta un período de 15 años para ciertos sectores, prohibiendo aumentos impositivos en bienes de origen.
A fin de disminuir costos administrativos, el tratado incluye medidas de facilitación. Las normas prohíben restricciones cuantitativas injustificadas y establecen normativas claras para las licencias de importación y exportación. En caso de que se impongan medidas restrictivas sobre productos alimentarios esenciales, las partes deberán notificar con anticipación y atender consultas técnicas en un plazo máximo de 30 días.
Para garantizar la adecuada aplicación de las normas de origen y el acceso a mercados, se establecerá un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. Este organismo autorizará consultas técnicas y emitirá recomendaciones ante eventuales desacuerdos en la clasificación arancelaria.
Desde la Cancillería, se subrayó que el acuerdo va más allá del simple intercambio de bienes. La relación con Singapur, que posee un fondo de inversiones cercano a los 100.000 millones de dólares, es fundamental para atraer capital en la provisión de minerales y energía. Además, el capítulo sobre inversiones asegura condiciones de seguridad jurídica más favorables que las de otros tratados actuales.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, remarcó la importancia de esta “plataforma de inversiones”, mencionando que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, a pesar de que actualmente solo el cuatro por ciento de esos recursos se destina a América Latina, y se destacó el interés en minerales.
“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos superando el rezago en estos esquemas. Necesitamos operar con gran dinamismo para proteger la producción y colocar nuestros productos en los mercados internacionales”, afirmó el funcionario de la Cancillería.
Durante el debate legislativo, el senador Francisco Paoltroni defendió la apertura comercial como una vía para reducir el rezago, mientras que legisladores como Jorge Capitanich enfatizaron la importancia de fortalecer la supervisión técnica a través de entes como el INTA y el INTI. La normativa, firmada por Victoria Villarruel y Martín Alexis Menem, ya está disponible para su consulta pública en el Registro Oficial.
