De este modo, el exjuez federal pasará gran parte de cada semana en su vivienda en el barrio Palmares, en Godoy Cruz. Sin embargo, es importante aclarar que no se le ha concedido la prisión domiciliaria. Su solicitud para residir de manera permanente en su hogar fue rechazada. Lo que ha logrado es una ampliación “excepcional, provisoria y revisable” del régimen de vinculación familiar que ya tenía.
La decisión fue tomada por Jorge Gamal Abdel Chamia, juez federal de La Rioja, quien actúa como integrante subrogante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza. Las magistradas de San Juan y San Luis, que llevaron a cabo el juicio contra Bento y dictaron su condena, no participaron en esta decisión.
La Fiscalía se opuso a este planteo y, tras la resolución, evaluaba la posibilidad de apelar.
La defensa de Bento argumentó que ha surgido un nuevo factor que afecta la situación familiar previamente evaluada: el deterioro de la salud de Marta Boiza, su esposa y principal cuidadora de uno de sus hijos.
Marta Boiza ha enfrentado problemas en una de sus piernas desde 2024. En julio de ese año sufrió una fractura de tibia y peroné y ha pasado por infecciones y tratamientos médicos.
Facundo Bento, uno de los tres hijos de la pareja, presenta una discapacidad severa debido a una encefalopatía crónica no evolutiva y requiere asistencia para actividades cotidianas como alimentarse, asearse y trasladarse. Resoluciones anteriores han documentado episodios de angustia, insomnio, pérdida de peso y crisis de auto y heteroagresión en este contexto.
La Fiscalía argumentó que Facundo cuenta con cuidadoras disponibles las 24 horas, kinesiólogo, centro de día y transporte especializado. Sin embargo, el juez Chamia consideró que estos cuidados no pueden sustituir la contención emocional que brindan los padres.
En el expediente se valoraron informes y testimonios que indican que Facundo muestra una reacción positiva cuando está con su padre, lo que reduce ciertos episodios de crisis. El Defensor Público de Menores e Incapaces, Pablo Mesa Sánchez, también apoyó un mayor contacto paternal.
Desde el inicio de su detención, la defensa de Bento ha intentado obtener un régimen que le permita salir de la cárcel. El primer pedido de prisión domiciliaria se presentó pocas semanas después de su arresto, en noviembre de 2023, debido a la necesidad de cuidar a Facundo. La solicitud fue denegada, y la defensa continuó apelando.
A lo largo de 2024, se realizaron nuevos pedidos y en octubre de ese año logró una primera salida extraordinaria de cuatro días, del 14 al 17, para ayudar a su hijo a adaptarse a sus cuidadores.
El 25 de noviembre de 2024, obtuvo un permiso más significativo: 15 días de prisión domiciliaria provisoria, debido a que su esposa estaba internada y el estado emocional de Facundo había empeorado. Al finalizar ese período, Bento solicitó quedarse de manera definitiva, pero el Tribunal ordenó su regreso a la cárcel el 11 de diciembre; esta decisión fue confirmada por la Cámara de Casación.
Los otros hijos de Bento son Nahuel y Luciano. Durante un tiempo, los tribunales consideraron su presencia, junto con la de Marta y los cuidadores, como prueba de que Facundo podría recibir la asistencia necesaria sin que su padre tuviera que salir de prisión.
La Fiscalía indicó que ambos hijos mayores tienen responsabilidades familiares con respecto a Facundo, pero el juez Chamia determinó que no resuelven el problema que plantea la delicada salud de la madre.
La familia de Bento también ha sido afectada por la megacausa en la que él está implicado. Marta Boiza fue condenada a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica. Nahuel Bento, por su parte, recibió una condena de cinco años por lavado de activos agravado, mientras que Luciano fue absuelto por falta de acusación, aunque se ordenó el decomiso de bienes relacionados con el caso.
Bento está detenido en el penal federal de Cacheuta, Luján de Cuyo, y no podrá trasladarse por sus propios medios entre la cárcel y su hogar en el country Palmares, en Godoy Cruz, Gran Mendoza. El Servicio Penitenciario Federal se encargará de los traslados.
Gendarmería Nacional realizará controles aleatorios en la vivienda, y el juez ha ordenado evaluar la posibilidad de colocarle una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.
Esta medida no es definitiva y puede ser revisada si la salud de Boiza mejora, cambia la situación familiar o si una instancia superior revoca la resolución. La Fiscalía se encontraba evaluando la posibilidad de apelar este beneficio.
Walter Bento fue durante años titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, uno de los cargos judiciales más relevantes de la provincia, con competencia electoral. La investigación demostró que lideró una organización que, desde al menos 2007, aceptaba dinero y bienes a cambio de obtener beneficios judiciales para personas involucradas, predominantemente, en causas federales.
El Tribunal Oral Federal N°2 lo declaró responsable como jefe de una asociación ilícita, además de ocho casos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica en dos ocasiones y ocultamiento de pruebas.
El 6 de febrero de 2026, fue condenado a 18 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa superior a los 540 millones. Esta sentencia aún no es firme, ya que ha sido recurrida ante la Cámara de Casación.
