Los hallazgos se encuentran documentados en la Resolución Nº 267 del Ministerio de Desarrollo Humano, emitida el 13 de junio de 2025, que decidió abrir una Información Sumaria para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades civiles, patrimoniales y administrativas.
La causa ahora está bajo la jurisdicción de la Unidad Fiscal de Concordia como Legajo Nº 7046/25, clasificada como “Actuaciones iniciadas de oficio s/Peculado”, con la fiscal Daniela Montangie liderando la indagación.
El 29 de julio de 2025, Montangie emitió un oficio formal a la Dirección de Comedores provincial solicitando detalles sobre todo el personal dedicado a tareas administrativas en la Coordinación de Comedores de Concordia, incluyendo tanto a los agentes de planta como a aquellos que trabajaban mediante servicios prestados.
El origen de las investigaciones: beneficiarios inexistentes
El inicio de los controles se centró en verificar la cantidad real de niños que recibían el servicio alimentario en comparación con las listas utilizadas para calcular los fondos. Este cruce de datos reveló aumentos injustificables en el número de beneficiarios y discrepancias entre los recursos asignados y las necesidades reales de las escuelas.
A medida que avanzaba la auditoría, comenzaron a aparecer irregularidades aún más evidentes. Los registros mostraban casos donde una partida completa era consumida en un solo día, además de que las compras estaban concentradas en apenas tres proveedores.
Al contrastar remitos, menús y consumos de marzo y abril, los auditores identificaron un monto central: alrededor de $100 millones en mercancía que había sido facturada pero nunca entregada.
El curioso episodio de la documentación
Un aspecto inesperado del informe se refiere a la documentación de respaldo. Cuando se solicitaron los cuadernos de menú correspondientes a octubre y noviembre de 2024, se informó que habían sido destruidos por roedores. No obstante, días después, aparecieron esos mismos cuadernos, junto a remitos recientes elaborados poco antes de la solicitud.
Al extender el análisis a marzo, abril, mayo y parte de junio, el informe elevó la cifra de sobrantes e inconsistencias a aproximadamente $146.223.311.
La transición hacia compras centralizadas
Las conclusiones revelaron las fallas de control dentro de un sistema en el cual los recursos y adquisiciones estaban distribuidos entre múltiples establecimientos, responsables y proveedores. Ante esta situación, la Provincia decidió implementar un modelo de compras centralizadas, que incluye licitación pública, controles nutricionales y un seguimiento más riguroso, con el fin de rastrear los alimentos adquiridos, sus precios y su llegada efectiva a cada escuela.
El objetivo de este cambio es acotar los márgenes de discrecionalidad evidenciados en la auditoría y asegurar que los fondos destinados a la alimentación escolar sean rastreables desde la compra hasta su entrega a los niños.
