Denuncia contra el Juez Amarante por “Coordinaciones Extraprocesales” en Causa AFA
El abogado Gregorio Dalbón presentó formalmente una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, acusándolo de haber incurrido en graves “coordinaciones extraprocesales” con funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los hechos denunciados se vinculan a una causa de alto perfil que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a sus principales dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La presentación fue radicada este lunes ante el organismo que preside Horacio Rosatti, marcando el inicio de un potencial proceso disciplinario.
Configuración de Causal de Remoción
En su extenso escrito, Dalbón argumentó que los hechos imputados al magistrado podrían configurar “causales de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Por ello, el abogado instó al Consejo a iniciar un procedimiento disciplinario contra el juez. Según el denunciante, la conducta atribuida a Amarante implica un grave “incumplimiento de normas constitucionales y legales, negligencia grave en el ejercicio del cargo y la realización de actos de manifiesta arbitrariedad”.
El núcleo de la denuncia radica en la supuesta pérdida de la esencial imparcialidad judicial. Dalbón enfatizó que, de confirmarse las alegaciones, el juez Amarante “habría abandonado su posición constitucional de tercero imparcial para asumir un rol materialmente asimilable al de colaborador o asesor informal de la acusación”. En este sentido, el abogado fue categórico al señalar la incompatibilidad de roles: “Un juez no puede intervenir activamente en el diseño de estrategias acusatorias, ni sugerir a un organismo denunciante qué figuras penales incorporar, qué líneas investigativas profundizar o qué medidas adoptar para ‘complicar’ la situación judicial de determinadas personas”.
Cuestionamiento a la Imparcialidad y la Función de la Justicia
La presentación hizo un fuerte foco en la presunta afectación de la imparcialidad, un pilar fundamental del sistema judicial. “La justicia penal no puede transformarse en una herramienta de disciplinamiento político, institucional o personal”, afirmó Dalbón en uno de los segmentos más contundentes de su escrito. Asimismo, sostuvo que “el proceso judicial no puede ser utilizado para perseguir individuos previamente seleccionados ni para construir acusaciones direccionadas”, sugiriendo un uso indebido de las herramientas estatales.
En otro apartado de la denuncia, Dalbón resaltó que la posible existencia de contactos informales entre el juez Amarante y ARCA “reviste una gravedad institucional evidente”. Esta situación comprometería directamente “la apariencia de neutralidad que constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano de administración de justicia”. El principio es claro: “la imparcialidad judicial no solo debe existir, también debe percibirse externamente”, argumentó el abogado, poniendo en tela de juicio la credibilidad del proceso.
Consecuencias de las Actuaciones Judiciales
El escrito no solo se centró en la conducta del juez, sino también en las consecuencias concretas que las actuaciones impulsadas en la causa tuvieron para los imputados, derivando en “procesamientos, embargos y restricciones personales”. Dalbón subrayó que las supuestas maniobras de coordinación no deben analizarse de forma aislada, sino como parte de un patrón. “Cuando un juez aparece públicamente vinculado a maniobras orientadas a direccionar acusaciones o promover estrategias persecutorias junto a una de las partes del proceso, no solo se afecta la situación concreta de los involucrados, sino también la credibilidad misma del sistema judicial”, señaló.
Crítica a la Utilización Política del Proceso
Dalbón también elevó una crítica directa contra lo que percibió como una “utilización política” del proceso penal. El abogado enfatizó que la sociedad espera un Poder Judicial independiente, sosteniendo que “La ciudadanía no espera jueces militantes, operadores políticos ni funcionarios judiciales comprometidos con objetivos personales o sectoriales, sino magistrados independientes”. Concluyó que “el daño institucional generado trasciende el expediente concreto y alcanza directamente la confianza social en la administración de justicia”, alertando sobre las repercusiones a largo plazo de la conducta denunciada.
Medidas de Prueba Solicitadas
Para sustentar su denuncia, Dalbón solicitó al Consejo de la Magistratura una serie de medidas probatorias exhaustivas, buscando rastrear la supuesta coordinación. Pidió que se requiera el expediente completo que tramita en el juzgado de Amarante y que se solicite a ARCA el detalle de las denuncias y ampliaciones vinculadas a la AFA.
Como medidas clave, el abogado exigió la incorporación de:
Registros de reuniones y audiencias.
Ingresos al juzgado de funcionarios de ARCA.
Comunicaciones (correos electrónicos, mensajes, etc.) entre funcionarios del organismo denunciante y dependencias judiciales.
Además, reclamó que sean citados a declarar los funcionarios de ARCA que hayan intervenido en esas actuaciones y que puedan aportar información sobre los supuestos contactos extraprocesales.
Petición Final
La denuncia concluye con la solicitud de que, si el Consejo de la Magistratura verifica los hechos y encuentra fundamentos suficientes, impulse la acusación formal del juez Diego Amarante ante el Jurado de Enjuiciamiento, el paso previo a una posible remoción del cargo.
