Según informó la Policía de la Ciudad, miembros del Escuadrón Antibombas, junto con la División Delitos Constitucionales y diversas brigadas especializadas, fueron movilizados al sitio después de que el personal de seguridad notificara que un bolso había sido arrojado en el interior del edificio. Acto seguido, se garantizó el resguardo del área, se evacuaron las instalaciones y se solicitó la colaboración de los equipos técnicos para examinar el objeto.
Los especialistas llevaron a cabo una inspección exhaustiva del bolso, informando que contenía una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva ni materiales peligrosos. Tras finalizar la revisión, las autoridades confirmaron que no existía riesgo alguno para los empleados y el público, y se autorizó la reanudación de las actividades normales en el edificio.
La Policía de la Ciudad señaló que la operación incluyó la participación de personal de Riesgos Especiales y varias brigadas de explosivos, quienes trabajaron en conjunto para asegurar el área. No hubo heridos ni daños materiales durante el procedimiento.
La investigación fue asumida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, bajo la dirección del doctor Sebastián Ramos, con el apoyo de la Secretaría N°4, liderada por el doctor Esteban Murano. El caso ha sido clasificado como intimidación pública, un delito que prevé sanciones para quienes generen alarma social a través de amenazas falsas.
Las autoridades subrayaron que el manejo o abandono de objetos que aparenten ser explosivos es un delito grave y resaltaron la necesidad de informar sobre cualquier situación sospechosa.
La División Delitos Constitucionales se encarga, principalmente, de investigar aquellos delitos que atentan contra el orden democrático y las instituciones de la Nación, incluyendo sedición, atentados contra el orden público y actos que obstaculizan el libre ejercicio de los poderes del Estado.
