La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la denuncia penal que promovió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y los diarios Clarín y LA NACION por haber publicado artículos en los que menciona un pedido de informes de diputados opositores vinculado a la existencia de una supuesta “mesa militar” dedicada al espionaje ilegal.
“El interés público y actualidad que presenta la información difundida por los periodistas, así como la circunstancia de constituir información emanada del propio Estado, en el marco de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación y con motivo de la posible comisión de delitos por parte de fuerzas de seguridad, colocan a la información difundida en el uno de los ámbitos centrales de protección de la libertad de expresión consagrada en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional”, señaló la institución en una declaración pública.
Añadió que “la utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios de comunicación por la difusión de información estatal, no es concebible en un sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica”.
Consideró que la amenaza penal “constituye un fuerte incentivo a la autocensura” y recuerda que, por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en forma constante su uso. “ADEPA ya se ha pronunciado en forma contraria la aplicación a periodistas de las figuras penales contenidas en la Ley de Inteligencia Nacional para el caso de la violación de secretos”, indicó la declaración. La sanción contemplada en la ley de inteligencia -consideró- solo puede estar destinada a los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos o particulares que acceden a ella con motivo de las funciones o tareas que desempeñan.
ADEPA destaca que le periodista no incurre en delito cuando toma conocimiento de un dato confidencial: “El responsable es el funcionario, empleado o contratista responsable de permitir que la información llegara a un periodista, pero no es éste que, al acceder a ella y considerarla de interés público, decide difundirla para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos propios de la vida pública que conforman la esencia republicana”.
En el mismo sentido, hay pronunciamientos históricos en el mundo, como el de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso conocido como “los papeles del Pentágono” o la declaración de 2013 emitida en conjunto por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
