El fuerte incremento en el costo de los fármacos y la pérdida del poder adquisitivo empujan a miles de adultos mayores en la Argentina a tomar decisiones extremas para llegar a fin de mes, como partir los comprimidos a la mitad, espaciar las tomas o elegir qué patología tratar según el dinero disponible. Este escenario se desarrolla en un contexto en el que la jubilación mínima alcanzó este mes los $444.158,46, sumados a un bono de $70.000 que permanece congelado sin actualizaciones desde marzo de 2024.
De acuerdo con relevamientos económicos privados difundidos a finales de octubre de 2026, el precio de venta al público de los medicamentos más utilizados por la tercera edad —destinados a afecciones cardíacas, metabólicas y respiratorias— acumuló una suba cercana al 404% desde noviembre de 2023. Este aumento superó ampliamente la evolución de los haberes previsionales, obligando a destinar una porción cada vez mayor del ingreso mensual a la farmacia. En paralelo, mediciones del sector comercial confirmaron que las ventas minoristas en farmacias cayeron un 3,7% interanual durante el último mes.
El impacto de esta retracción se percibe directamente detrás de los mostradores tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense y los principales centros urbanos del país. Empleados y responsables de farmacias coinciden en que los clientes de la tercera edad llegan con el dinero justo, averiguan precios antes de comprar, esperan los días de promociones bancarias o descuentos con tarjetas, optan por segundas marcas o genéricos y, en muchos casos, llevan apenas una parte de lo recetado o directamente dejan de acudir con la frecuencia habitual.
Para los protagonistas de esta crisis, la situación se traduce en un deterioro cotidiano de su calidad de vida. Jubilados del sur del Gran Buenos Aires relatan que el haber mínimo no alcanza siquiera para cubrir los remedios de un mes, llegando al extremo de tener que poner en venta bienes adquiridos con los ahorros de toda una vida para poder subsistir. Quienes sufrieron episodios cardíacos recientes advierten que una sola caja de medicación puede llegar a costar $200.000, prácticamente la mitad de una jubilación mínima, lo que fuerza a recortar todo tipo de gastos familiares y lleva a que cada vez más adultos mayores acudan a los centros de jubilados a pedir alimentos.
Desde el ámbito de la salud advierten que fraccionar o suspender las dosis no constituye un descuido, sino una medida desesperada frente a la imposibilidad de costear simultáneamente comida, alquiler, tarifas y remedios. Especialistas en geriatría y nutrición subrayan que reducir o espaciar las tomas conlleva riesgos graves y concretos, especialmente en tratamientos cardiovasculares, para la diabetes, psiquiátricos, neurológicos y para la artrosis. A ello se suma el estrés crónico provocado por la incertidumbre económica, que eleva los niveles de cortisol y afecta el sueño, la memoria, la atención y la concentración.
Asimismo, profesionales vinculados a la atención de la tercera edad señalan que durante la actual gestión nacional se recortaron beneficios y descuentos para el acceso a fármacos, al tiempo que la reducción en los honorarios de médicos de cabecera y especialistas que atienden a través del PAMI generó demoras en la atención y cancelaciones masivas de turnos. Frente a este cuadro, especialistas en gerontología destacan el rol clave de los centros de jubilados como redes comunitarias de contención para combatir el aislamiento social y detectar necesidades urgentes, aunque advierten que la solidaridad vecinal acompaña pero no puede reemplazar la responsabilidad de los sistemas de salud y de protección social.
