El próximo periodo para la recategorización comenzará en enero y finalizará a inicios de febrero del año siguiente. Durante esta etapa, los monotributistas deben determinar si sus ingresos y demás parámetros de actividad sobrepasan los establecidos para su categoría vigente. Es crucial analizar lo ocurrido en los últimos 12 meses, tomando en cuenta ingresos, alquileres, superficie dedicada a la actividad y consumo de energía eléctrica.
“Los controles sistemáticos de ARCA permiten detectar cada vez con mayor rapidez a los monotributistas que dejan de encuadrar en el régimen, lo que resulta en un aumento de exclusiones que muchas veces los contribuyentes descubren cuando la deuda ya se ha calculado retroactivamente”, comentó un experto en el tema.
Entre las causas más comunes de exclusión se encuentran los ingresos que exceden el límite de la categoría más alta —la K—, inconsistencias entre los depósitos bancarios y la información proporcionada al organismo, así como gastos personales o compras de bienes que no se pueden justificar con los ingresos declarados. Asimismo, se advirtió que si la suma de compras y gastos inherentes a la actividad alcanza en el último año el 80% del tope de la categoría K en venta de bienes o el 40% en servicios, la exclusión se produce de manera automática.
Una estrategia clave para continuar en el régimen es prestar atención a los límites y las fechas de facturación. “Si te aproxima a ese límite, lo ideal es posponer la emisión de una factura para evitar superarlo. Sin embargo, en ocasiones esto no es posible y se termina migrando al régimen general”, analizó un contador. Además, recordó que monitorizar la facturación a lo largo del año es esencial para determinar la permanencia en el régimen.
Por su parte, una contadora destacó que no se debe detener la actividad para evitar superar el límite de la categoría. El tope del monotributo es un límite de permanencia, no un monto a partir del cual se puede elegir cuánto facturar. Si un pequeño contribuyente supera el límite de la categoría K, no hay planificación que evite el cambio de régimen.
El temor a pasar al régimen general, que implica inscribirse en el impuesto a las Ganancias y en el IVA, conlleva una mayor carga administrativa al tener que presentar declaraciones juradas y, en muchos casos, requerir asesoría profesional. Además, la exclusión del monotributo prohíbe regresar al régimen simplificado durante al menos tres años.
Sin embargo, existe una alternativa para gestionar esta transición: el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que reduce la carga impositiva para quienes, al exceder los límites del monotributo, deben migrar al régimen general. Pueden acceder quienes hayan renunciado o sido excluidos, siempre que sus ingresos anuales no superen el 50% del límite establecido para la categorización como microempresa según su actividad.
“Según la Ley 27.618, quienes comunican su exclusión de manera voluntaria pueden beneficiarse con una reducción del saldo de IVA a pagar en un 50% el primer año, un 30% el segundo y un 10% el tercero. También pueden computar el IVA facturado en los 12 meses anteriores”, indicó el especialista.
Como novedad, desde el 1° de agosto de 2025 las escalas serán actualizadas cada seis meses, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la Ley 27.743. Tras el último ajuste, la categoría A, la más baja, ahora tiene un límite de facturación anual de 12.009.410,45 pesos, con un impuesto integrado fijado en 5.585,77 pesos tanto para locaciones y prestaciones de servicios como para la venta de bienes. En contraste, la categoría K, que es la más alta, presenta un límite anual de 126.610.838,75 pesos, con un impuesto integrado que asciende a 1.368.514,20 pesos para locaciones y prestaciones de servicios y a 456.171,40 pesos para la venta de bienes.
