Las evidencias indican que el deterioro en el empleo y en las remuneraciones es un fenómeno de larga data. El ciclo negativo más reciente comenzó con la aceleración de la inflación en 2018. Hasta el momento, el Gobierno no ha logrado frenar este proceso. El deterioro se refleja en una disminución de los empleos y los salarios de los asalariados formales, aunque se observa una compensación parcial en el incremento del empleo autónomo formal (monotributo).
Por otro lado, los segmentos más dinámicos del mercado laboral son el empleo informal asalariado y, sobre todo, el empleo autónomo informal. Esto implica que la situación no se manifiesta cuantitativamente en un aumento del desempleo, sino cualitativamente en un nuevo descenso en la calidad del empleo.
La debilidad del sector laboral genera un factor de incertidumbre en el ámbito político. Simplificando, la cuestión es cómo la población valora los logros en materia de estabilidad frente a la falta de resultados en la mejora del mercado laboral.
Es evidente que la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, aunque su peso ya no es tan abrumador como en los peores momentos. La duda radica en medir la tolerancia ante la degradación del mercado laboral. No porque sea un fenómeno nuevo, sino porque no se vislumbran signos de mejora.
No se pueden hacer pronósticos claros sobre cómo percibirá la población esta situación y cómo esto podría reflejarse en sus elecciones el próximo año. Sin embargo, hay un riesgo de sobrestimar la valoración de la estabilidad y subestimar el malestar ocasionado por la falta de soluciones a los problemas laborales, lo que genera incertidumbre en la transición electoral.
Esta situación podría derivar en una derrota del oficialismo, lo que a su vez tendría repercusiones en la economía. Un signo de cómo se está considerando este riesgo es la constante y alta demanda de dólares por parte de los ciudadanos. Si las incertidumbres sobre los resultados electorales aumentan a medida que se acerque la fecha, sus efectos en el mercado financiero, especialmente en el cambiario, presentarán desafíos difíciles de abordar.
Para revertir el prolongado deterioro del mercado laboral, es fundamental acelerar las reformas estructurales y contar con el tiempo necesario para implementar cambios y evidenciar sus efectos. Sin embargo, la mayoría de las reformas pendientes son complejas desde el punto de vista técnico y políticamente delicadas. Esto entra en conflicto con la realidad de que, a medida que se acerca la fecha electoral, aumentan los incentivos para posponer decisiones cuyos beneficios no son inmediatos.
Gran parte de lo que queda por hacer depende de complejos procesos políticos que involucran las finanzas a nivel nacional y provincial. Por ello, es crucial establecer una relación adecuada con los gobernadores. La eliminación de impuestos distorsivos, la corrección de ineficiencias entre distintos niveles de gobierno y la solución de la crisis del sistema previsional son cuestiones que difícilmente se resuelvan mediante decisiones unilaterales. Es esencial construir acuerdos complejos entre los diferentes niveles de gobierno.
El reto es aprovechar el tiempo que queda antes de que la competencia electoral se convierta en el eje central. Presentar agendas y forjar acuerdos en este momento puede facilitar el progreso en ciertos aspectos y, en especial, enviar un mensaje de que se está preparando el terreno para retomar con vigor el proceso de transformación una vez concluida la elección.
La falta de un régimen monetario, cambiario y financiero completamente definido también limita las herramientas disponibles. Si se hubiera institucionalizado un bimonetarismo similar al de otros países, la expansión del crédito podría haber sido crucial para apoyar a las empresas en reconversión, que son la mayoría, y estimular tanto la inversión como el consumo.
El calendario electoral también aumenta las presiones en este ámbito. A medida que se avanza en el cronograma, las probabilidades de que la eliminación total y definitiva del cepo, las restricciones a los movimientos de capitales y la adopción del dólar como curso legal se posterguen para el próximo gobierno se incrementan.
A pesar de estas limitaciones, existen márgenes de acción, y recientes decisiones apuntan a impulsar la recuperación del crédito. Flexibilizar las normas que restringen el uso de depósitos en dólares para conceder préstamos en la misma divisa es un paso significativo. También se destaca el uso parcial de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar a bancos que ofrezcan créditos hipotecarios. Esta estrategia es efectiva para aprovechar la capacidad del sistema bancario en este tipo de préstamos, que revitalizarán un sector con potencial ocioso y que es intensivo en mano de obra.
Sin embargo, para que esta estrategia sea efectiva y robusta, es crucial implementar acciones que reduzcan tanto el nivel como la volatilidad de la tasa de interés, incluso si esto afecta el tipo de cambio y eventualmente los índices de precios. En otras palabras, se necesita adoptar una política financiera que priorice la estabilidad y moderación de las tasas de interés por encima del objetivo de mantener el tipo de cambio bajo control.
El calendario electoral ha comenzado a ejercer presión. Dado lo crucial de las elecciones venideras, es probable que esta presión se intensifique. La estrategia más adecuada para enfrentar este desafío combina un enfoque pragmático que equilibré los objetivos de estabilización con los de recuperación del empleo y las remuneraciones, junto con habilidades políticas para formar alianzas que faciliten el avance de las reformas.
