La principal preocupación radica en la función que desempeñará el Correo en la organización de los próximos comicios. Esta empresa es clave en el despliegue y repliegue de urnas y documentación, así como en la transmisión de telegramas, tareas que requieren de una planificación previa de varios meses.
Desde la Casa Rosada consideran que iniciar una licitación en este momento podría interferir con los preparativos electorales. Esta inquietud se intensifica ante la posibilidad de que se celebren elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en 2027, un asunto que el oficialismo aún no ha definido mientras debate sobre la reforma política en el Senado.
“No es prioritario”, señalan fuentes oficiales. Otros actores involucrados en el proceso afirmaron que, aunque se sigue trabajando desde el punto de vista técnico, aún no hay una fecha estimada para lanzar la convocatoria a licitación.
Esta decisión altera el cronograma que la Casa Rosada manejaba a principios de año. Durante diciembre y enero se había planteado que el proceso avanzaría en el primer trimestre de 2026, pero el tiempo fue dilatándose y la iniciativa perdió impulso debido a cambios en las estructuras responsables de coordinar las empresas públicas.
El plan original no contempla, por el momento, la venta directa de acciones del Correo, sino que se prevé una nueva concesión para la explotación del servicio postal. El antecedente legal remonta a la rescisión de la concesión privada en 2003 y la posterior creación del Correo Oficial de la República Argentina como entidad estatal, hasta que se logre concretar una futura privatización.
La coyuntura electoral añade una complejidad que no se presenta en otros procesos. De acuerdo al Código Electoral, existen funciones específicas asignadas a los empleados del Correo relacionadas con la recepción y transporte de urnas, documentación y telegramas una vez concluidas las votaciones, mientras que la logística general se establece mediante acuerdos con el Estado.
Este esquema se mantuvo durante la gestión de Javier Milei. En las elecciones legislativas de 2025, el Correo fue utilizado para pruebas de transmisión y recuento, y también participó en numerosas tareas relacionadas con la jornada electoral y el pago de compensaciones a los autoridades electorales.
Por lo tanto, la Casa Rosada evalúa si se puede implementar una fórmula que permita desarrollar parte del procedimiento sin modificar la operación antes de las elecciones. Una alternativa técnica sería licitar y adjudicar con una toma de posesión posterior a los comicios, aunque el Gobierno no ha confirmado que este enfoque se haya adoptado ni que haya alguna decisión firme para avanzar en ese sentido.
Este cambio de dirección contrasta con la rápida privatización que se llevó a cabo en agosto respecto al Belgrano Cargas. Economía lanzó la licitación para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que abarcan 7594 kilómetros de vías en 16 provincias, con la primera presentación de ofertas programada para noviembre.
Además, se avanzó en el traspaso de Corredores Viales, donde se adjudicaron ocho nuevos tramos a operadores privados, mientras que el proceso de AySA sigue en curso, pese a la postergación de la recepción de ofertas hasta septiembre. Paralelamente, Economía mantiene como objetivos las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano.
El Correo entra en esta pausa con una situación financiera diferente a la que tenía al inicio de la gestión. Su presupuesto para 2026 estima ingresos corrientes de $774.126 millones y gastos por $720.308 millones, lo que resulta en un saldo económico positivo de $53.818 millones, sin transferencias corrientes del Gobierno Nacional. Además, la compañía planifica destinar $60.000 millones al Tesoro.
La administración del Correo, mientras tanto, continúa su plan de reducción de costos. El presupuesto contempla inversiones por $34.745 millones, la expansión del modelo de “Punto Correo”, nuevos sistemas de clasificación automática y trazabilidad, mejoras en los centros de datos y herramientas para el negocio de comercio electrónico.
La plantilla proyectada también refleja este proceso de achicamiento. La empresa cerró 2025 con 11.676 empleados y anticipa terminar 2026 con 11.436, tras una considerable reducción de personal en el marco de la gestión actual.
Si bien en Balcarce 50 no descartan la concesión, ya no se trabaja con el objetivo de formalizarla antes de las elecciones. La atención se ha desviado hacia otros procesos más avanzados que no impactan en las funciones electorales. El Correo seguirá bajo gestión estatal mientras el Gobierno determina si podrá trazar una transición que mantenga la logística de 2027 o si será necesario retomar el proceso tras los comicios.
