Esta medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, respalda las acciones realizadas en la segunda fase de la licitación pública, en la que se comunicaron las firmas que asumirán la administración de ocho tramos clave de la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”.
El proceso licitatorio designó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional, bajo un régimen de concesión por peaje que se extenderá por 20 años.
Los tramos adjudicados suman más de 3.900 kilómetros, abarcando diversas regiones del país y sumando a un total que supera los 9.000 kilómetros adjudicados en las diferentes etapas de la licitación.
En esta fase final, las rutas concesionadas cubren territorios de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
Los consorcios ganadores y las tarifas establecidas son las siguientes:
Tramo Centro: adjudicación a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $1.399.
Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
Tramo Mesopotámico: adjudicado a IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
Tramo Noroeste: adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $2.876,04.
Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $2.950.
Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., con una tarifa de $3.520.
Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.
La Comisión Evaluadora desestimó la propuesta del consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se rechazaron ofertas significativas, como la de la firma CPC S.A., que había propuesto adquirir todos los tramos licitados.
Se implementó también el régimen de incompatibilidades establecido en los pliegos, que limita la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse para fomentar la competencia.
Esta adjudicación se realiza en el marco de la Ley Bases, que declaró a Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.
El propósito de estas concesiones va más allá del mantenimiento y reparación de las calzadas, incluyendo la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.
Con esta estrategia, el Ejecutivo busca transferir la gestión de importantes nodos viales al sector privado, en respuesta a las crecientes críticas sobre el estado de las rutas, que se encuentran en condiciones deficientes y se vuelven inseguras para los usuarios.
