La meta oficial de superávit para el año 2026 se ha establecido en 1,4% del PBI, una meta más relajada en comparación con el 2,2% previamente acordado con organismos internacionales.
Los datos proporcionados por el Ministerio de Economía indican que los ingresos del Sector Público Nacional crecieron 30,4% en julio en términos interanuales, aunque esto se posiciona por debajo del 33,8% de inflación reportado por el Indec para el mismo periodo, lo que equivale a una disminución real del 2,5% en comparación con el año anterior. Para equilibrar el superávit fiscal, el crecimiento del gasto se limitó al 24,4% interanual, lo que representa una caída real del 7% año contra año, según lo señalado por el propio Ministerio.
Sin embargo, el ajuste no fue uniforme a través de todos los sectores. En el ámbito de prestaciones sociales, se produjo una caída del 8,1% en términos reales (con un aumento nominal del 22,9% que no alcanzó a compensar la inflación), mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan la mayor parte del gasto social, experimentaron una disminución real del 4,8% interanual (aumento nominal del 27,4%).
Los subsidios económicos fueron los más perjudicados. Aquellos destinados a energía cayeron un 20% en términos reales (aumento nominal del 7%), mientras que los subsidios al transporte disminuyeron un 11,7% real (18,2% nominal). Las transferencias a las provincias también se vieron afectadas, con una caída real del 19,2% (8,1% nominal). El único segmento que mostró crecimiento en términos reales fue el de las transferencias a universidades, que aumentaron un 8,3% real (44,9% nominal), conforme a las decisiones tomadas por el Congreso.
Los datos acumulados en los primeros siete meses del año reflejan esta tendencia, aunque con algunas excepciones. Sorprendentemente, los subsidios económicos aumentaron en términos reales, impulsados por un incremento del 82,4% en los subsidios para energía. Los subsidios al transporte, aunque presentaron un crecimiento del 18,9% nominal, no lograron mantenerse en términos reales.
Por otro lado, las transferencias a las provincias han acumulado una caída del 11,3% nominal en los primeros siete meses, que ya era negativa antes de ajustar por inflación. Además, los gastos de funcionamiento, que incluyen salarios del sector público, solo crecieron un 23% en la primera parte del año, muy por debajo de la inflación.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calcula que en los primeros siete meses del año, los ingresos totales se redujeron un 4,6% en términos reales, siendo los ingresos tributarios los más afectados con una caída del 6%. Esta disminución no pudo ser compensada por el crecimiento del 14% real de los ingresos no tributarios. En cuanto al gasto primario, la caída fue más moderada, del 2,8% real. “Esta combinación explica que el superávit primario acumulado haya caído un 17,6% en términos reales, de $13,54 billones a $11,15 billones, mientras que el superávit financiero se derrumbó un 53,6% real, de $4,21 billones a $1,95 billones”, señala el informe.
El instituto también advirtió sobre un punto crítico: una parte significativa de esta mejora se debe a ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones. Si no se consideran, el superávit primario acumulado no habría disminuido un 17,6%, sino un 26,6% real (hasta $9,95 billones), y el financiero habría caído un 82,2% real, quedando en apenas $0,75 billones.
El ministro de Economía destacó el superávit financiero de julio, mencionando el pago de $2,72 billones en intereses netos de tenencias intra sector público. También vinculó este resultado fiscal con la disminución de impuestos implementada por la gestión actual, afirmando que “el superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”.
De cara al futuro, el reto será mantener este esquema en un contexto de ingresos que siguen cayendo en términos reales. Si la recaudación no presenta mejorías, el Gobierno se verá obligado a acentuar los recortes de gasto o posponer pagos para no renunciar a la meta de 1,4% del PBI de superávit primario comprometida para este año.
