El Gobierno bonaerense ha oficializado la conclusión del vínculo colaborativo que mantenía con el Ministerio de Transporte de la Nación, el cual regía hasta la fecha el procedimiento de liquidación y pago de compensaciones tarifarias, el suministro de gasoil a costos diferenciados, así como la operatividad del Atributo Social y las comisiones asociadas a la tarjeta SUBE para el sistema de transporte automotor de pasajeros.
Esta resolución, plasmada en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial de la provincia, lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Transporte, Martín Marinucci. La medida marca el punto final de un esquema de cooperación iniciado en diciembre de 2018 bajo el marco del Consenso Fiscal, que había determinado que, a partir del 1° de enero de 2019, la administración provincial asumiera la responsabilidad sobre la definición de los subsidios en su jurisdicción.
Durante el periodo de vigencia del convenio, el Estado nacional se encargaba de calcular, liquidar y distribuir los fondos de compensación para las empresas operadoras de servicios de transporte urbano, provincial y municipal dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que la Provincia actuaba como el agente ejecutor, transfiriendo dichas partidas a los prestadores beneficiarios.
La normativa destaca que este vínculo fue sostenido a través de diez adendas consecutivas entre 2019 y 2025, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos y compromisos pactados por ambas partes. Tras verificar el cumplimiento de todas las obligaciones, se formalizó la rescisión del pacto mediante un acta técnica suscrita el pasado 7 de marzo de 2026.
Finalmente, el Ejecutivo provincial argumentó que la desarticulación del acuerdo responde a la implementación del nuevo “Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires”, establecido mediante el Decreto 3231/25. Con la puesta en marcha de este sistema propio de subsidios, la colaboración técnica que la Nación brindaba desde 2018 ha quedado sin efecto al considerarse redundante para el funcionamiento del modelo actual de gestión territorial.
