Diego Estrada, economista de Fitch, destacó en una reciente charla que “en el sector subnacional empezamos a observar la mejora del entorno operativo, tal vez un poquito antes de lo que se gatilló la mejora de la calificación crediticia del soberano (Nación) y fue puntualmente a partir de un hecho que sucedió a mediados de 2025: la reapertura del mercado de capitales”.
El economista subrayó que “no hemos tenido ningún impacto directo por la suba de la calificación del soberano en las provincias porque las mejoras ya las veníamos teniendo y los desafíos siguen persistiendo”. Esto implica que los gobernadores ya habían anticipado la situación el año pasado, adaptando su gestión financiera a las exigencias del mercado.
En este contexto, Estrada observó que durante la administración de Javier Milei se ha registrado que “por primera vez las deudas (provinciales) no se pagan con cash y se empiezan a hacer refinanciaciones”. Agregó que “se empezaron a ver ese tipo de operaciones, lo cual derivó en mejoras crediticias de algunos subnacionales, incluso en las calificaciones internacionales”.
Se han comenzado a observar movimientos en los mercados internacionales, dirigidos principalmente a financiar el gasto de capital, con un enfoque en los sectores más dinámicos de la economía, lo que podría robustecer en el futuro las estructuras de ingresos de las administraciones provinciales.
Estrada comentó que previa a la apertura económica impulsada por el Gobierno Nacional, los gobernadores enfrentaban serias limitaciones para emitir bonos. Un claro ejemplo de esto es el caso de Córdoba, que debió acudir a la Corte Suprema para conseguir la venta de dólares por parte del BCRA para cumplir con un vencimiento en 2023. Asimismo, las provincias petroleras, como Neuquén, lograron aumentar sus regalías en un contexto de alza de precios internacionales del petróleo tras la eliminación del “barril criollo”.
El economista advirtió que “hay provincias que han sabido capitalizar este nuevo entorno operativo y otras que enfrentan grandes desafíos y avanzan a ritmos distintos, siendo aquellas que dependen de transferencias discrecionales y automáticas”.
Por otra parte, las provincias han perdido el superávit fiscal alcanzado en 2024, debido a los drásticos recortes en las transferencias nacionales, tanto en términos discrecionales como de coparticipación, que se han visto afectados por la disminución en la recaudación tributaria.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), analizando 23 provincias —excluyendo a La Pampa por falta de información—, indica que en 2025 los ingresos corrientes crecieron un 3,1% y los ingresos de capital un 59,4%, resultando en un aumento total del 3,4% en términos reales entre 2024 y 2025.
En contraste, los gastos corrientes experimentaron un incremento real del 7% interanual y los de capital un 5,8%, lo que llevó al gasto público provincial total a aumentar un 6,9% real.
El IARAF señala que “al evaluar el gasto primario, es decir, el total menos el gasto en intereses de deuda (que subió 14% real interanual), se tiene que el mismo tuvo un incremento real interanual de 6,8%”.
El informe destaca que “como el gasto público real creció más que los ingresos, el resultado primario y fiscal del consolidado de las 23 jurisdicciones analizadas cambió de signo”.
En 2024, el resultado primario había alcanzado un superávit de $4,8 billones a valores de mayo de 2026; en 2025, en cambio, se registró un déficit de $380.000 millones. Asimismo, el resultado fiscal pasó de un superávit de $2 billones en 2024 a un déficit de $3,6 billones en 2025, también en moneda de mayo de 2026.
