Los libertarios tienen programada una sesión especial para el 24 de junio, donde se abordarán ambos proyectos. Mientras que el pago a los fondos buitres ya cuenta con media sanción, el Super RIGI aún debe pasar por el Senado. Además, habían anunciado su intención de incluir la nueva ley de Lobby en la agenda, pero las severas críticas de asociaciones civiles, sindicatos y cámaras empresariales, sumadas a los cuestionamientos de los bloques aliados, evidencian la falta de consenso en torno a este asunto.
A las 12, las comisiones de Presupuesto y Justicia se reunirán para discutir el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” con los que el gobierno alcanzó un acuerdo de conciliación económica.
Este proyecto, que obtuvo luz verde en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra, necesita ser aprobado antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo. Como resultado del pacto alcanzado en la justicia estadounidense, que contempla una quita del 30% en las sumas adeudadas, se determina que el Estado argentino debe abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts liderado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que suma un total de USD 171 millones.
Ambos fondos pertenecen al grupo de holdouts cuya deuda permanece activa y que no aceptaron los canjes de deuda realizados tras el default declarado a fines de 2001. La ratificación del acuerdo en el Parlamento permitirá levantar las medidas de embargo que existían en la justicia de Estados Unidos sobre activos soberanos del país, incluyendo acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
A las 15 se llevará a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Industrias y Ciencia para discutir el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias de tecnología avanzada.
El objetivo del Super RIGI es fomentar inversiones superiores a USD 1.000 millones en lo que se denomina “industrias del futuro”. Esta categoría abarca un amplio espectro, incluyendo la fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, desarrollos en Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos relacionados con la cadena de valor del uranio.
El proyecto incluye incentivos fiscales y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la deducción de quebrantos sin límite temporal, y una reducida alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
También ofrece arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que se adhieran, y prohíbe el cobro de tasas municipales directas sobre las ventas. Además, al igual que el RIGI, asegura una estabilidad regulatoria de 30 años.
Los aliados habituales del oficialismo, como el PRO, la UCR y los gobernadores del norte, se manifestaron a favor del proyecto, aunque señalaron la necesidad de incluir un mínimo del 20% de contratación de proveedores locales, tal como se estipula en la versión original del RIGI, y exigieron una definición más precisa de lo que constituye “industrias del futuro”, un aspecto que el oficialismo se comprometió a aclarar en las sesiones informativas.
