El proyecto contempla inicialmente la instalación de 2.500 camas en el complejo habitacional Batidero. Sin embargo, la rotación laboral típica del sector minero podría aumentar esta cifra hasta entre 3.500 y 5.000 trabajadores. A medida que avance el proyecto, se estima que la demanda podría alcanzar hasta 12.000 empleados, lo que obligará a ampliar el complejo a 6.000 camas. La propuesta de ciudad importada consiste en módulos prefabricados de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña, listos para su utilización, equipados con muebles y electrodomésticos.
Las características técnicas de los módulos, producidos por Beijing Chengdong, son “casas contenedor” móviles y robustas, diseñadas para resistir las condiciones extremas de la cordillera sanjuanina. El consorcio asiático presentó una oferta de 52 millones de dólares, superando a la empresa nacional Modular Homes, que ofertó 70 millones. Esta diferencia de 18 millones representa apenas el 0,01% de los 18.000 millones de dólares que implicará la totalidad del proyecto Vicuña.
Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, subrayó que esta decisión afecta directamente a la cadena de valor local. Según sus estimaciones, la fabricación de los módulos en Argentina costaría 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China el precio es de alrededor de 500 dólares, más 200 de envío internacional. Rudoni añadió que el ahorro en esta adjudicación es mínimo en el contexto de la inversión total y que la producción nacional podría haber generado al menos 400 puestos de trabajo directos, frente a los 50 necesarios para la logística y montaje de los módulos importados.
El proyecto Vicuña, que cuenta con el respaldo de Lundin Mining y BHP, es señalado como el emprendimiento minero más significativo de la historia de Argentina, con una inversión prevista de 18.000 millones de dólares hasta 2040. La fase inicial requiere 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría, con planes de expansión hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es posicionar a Argentina entre los principales exportadores de cobre, alcanzando 400.000 toneladas anuales durante los próximos 25 años.
Uno de los argumentos recurrentes desde el sector empresarial es la falta de condiciones equitativas para competir con proveedores extranjeros. Rudoni resaltó que la firma china, además de contar con capital estatal y subsidios originarios, accedió a beneficios fiscales mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen, según el dirigente, representa una ventaja decisiva: “Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica”, sostuvo. El alivio impositivo otorgado por el RIGI permite una reducción de hasta el 30% en los costos finales, lo que distorsiona la competencia y deja a la producción nacional en desventaja.
La industria local argumenta que la construcción modular en Argentina dispone de la capacidad necesaria para abastecer grandes proyectos de minería y petróleo. Actualmente, existen más de cien empresas especializadas en este ámbito, con una alta proporción de insumos nacionales, especialmente acero y paneles de cerramiento fabricados en el país. Rudoni recordó que su empresa, Ecosana, construyó recientemente campamentos para 1.600 personas en el sector energético y que la industria argentina logró edificar once hospitales modulares en solo cuarenta días durante la pandemia. Estos antecedentes, según la Cámara, refutan el argumento sobre la incapacidad local.
El impacto sobre el empleo y la cadena de proveedores se ha convertido en uno de los aspectos más críticos del conflicto. Al importar los módulos, la mayor parte del valor agregado y la creación de empleo se transfieren al exterior. Rudoni estimó que, mientras la producción local de los módulos podría haber generado más de 400 empleos directos, la importación solo requerirá unas 50 personas para el montaje y la logística en San Juan. Además, la red de proveedores nacionales, que podría haber involucrado a unas cincuenta empresas, queda relegada a un papel secundario.
La controversia también abarca la calidad de los insumos traídos desde el exterior. Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular se argumenta que los módulos chinos no alcanzan la calidad de los productos fabricados en Argentina, especialmente en relación con las normas antisísmicas y la resistencia a las variaciones térmicas de la cordillera. Los empresarios destacan que el transporte de estos módulos desde China supone un elevado costo logístico, lo que históricamente ha impulsado el desarrollo local de la industria.
El debate sobre la adjudicación del campamento Batidero ilustra el dilema entre atraer inversiones extranjeras y la necesidad de fortalecer la estructura industrial local. Si bien el RIGI busca incentivar proyectos de gran envergadura a través de beneficios fiscales y aduaneros, sus efectos colaterales sobre la producción interna y el empleo son motivo de inquietud. Rudoni y otros representantes de cámaras sectoriales pidieron una mesa de diálogo con las empresas mineras para evaluar el impacto real de la importación de infraestructura y explorar mecanismos que permitan una mayor participación de la industria nacional.
El modelo de adjudicación utilizado en Vicuña no se presenta como un caso aislado. Durante una reciente entrevista, los participantes citaron otros ejemplos de licitaciones importantes en las que proveedores locales fueron excluidos frente a la competencia externa. El caso más notable involucra la importación de caños para un gasoducto estratégico, donde una empresa india superó a una firma nacional.
Los empresarios agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción Modular, así como en otras organizaciones, insisten en la necesidad de revisar los criterios de adjudicación en proyectos estratégicos. Argumentan que priorizar exclusivamente el precio, sin considerar el efecto multiplicador sobre el empleo y la economía interna, limita las posibilidades de desarrollo industrial. Además, advierten que la lógica de importar soluciones completas puede comprometer la infraestructura productiva nacional en el largo plazo.
El campamento modular que será importado desde China servirá como base de operaciones para la fase inicial del megaproyecto. Los promotores del mismo consideran que la instalación rápida y la posibilidad de expandir el complejo justifican la elección del modelo asiático. No obstante, la disparidad de costos entre ambos oferentes —1.900 dólares por metro cuadrado para los módulos chinos puestos en el sitio, contra 2.500 para los argentinos— resulta insuficiente para los referentes del sector, que cuestionan la relevancia del ahorro en relación con sus repercusiones sociales y económicas.
La discusión sobre el impacto de las grandes inversiones en la minería argentina sigue abierta. Sectores empresariales reclaman que los incentivos fiscales concedidos a inversores extranjeros se transformen en una mayor creación de empleo y oportunidades para proveedores locales. El futuro del desarrollo industrial y la integración de insumos nacionales en obras estratégicas, como la ciudad minera de San Juan, dependerá de cómo se enfrenten estos retos.
