La reunión de comisiones abarca las de Seguridad Interior y Narcotráfico, así como Justicia y Asuntos Penales. La primera de estas comisiones es responsable de abordar esta iniciativa enviada por la Casa Rosada hace cerca de dos años, con las firmas de Javier Milei, la entonces ministra de Seguridad y actual jefa de la Cámara alta, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse. Cabe destacar que el texto perderá su estado parlamentario en febrero próximo.
Al presentar el proyecto al Congreso en mayo de 2024, la Casa Rosada subrayó en su mensaje “la necesidad de establecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: ya sea su tenencia legal, para lo cual se ofrece un procedimiento de regularización excepcional, o la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo”.
“Resulta esencial, para cualquier política de seguridad pública, garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”, agregó el Ejecutivo libertario.
Asimismo, el oficialismo argumentó que “todavía existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Por tanto, deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.
“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas de las cuales se estima que más de ochocientas mil (800.000) están en una situación irregular”, indicó el Gobierno.
Tras la aprobación en Diputados, el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, apareció en el Senado para defender la ley. Allan comentó: “En cuanto a la digitalización, cuando nosotros asumimos, los legítimos usuarios tenían que hacer 500 kilómetros, 300 kilómetros para poder estar a derecho. Hoy, eso se achicó muchísimo, pero nuestro objetivo final es que todos puedan hacer el trámite desde la casa. Por supuesto que tienen que hacer los requisitos previos de ley, que son la aptitud de tiro, el psicofísico, todo eso”.
“Una vez que entra a la ANMAC -hoy, RENAR-, que pueda ser de punta a punta digital. Eso es lo que estamos trabajando”, concluyó.
