El Gobierno designó a las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), luego de convertirlo en un ente desconcentrado y sin autarquía, bajo la órbita directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La decisión fue establecida a través del decreto 466/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
En la normativa lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, el Ejecutivo confirmó como presidente del instituto al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich, quien recibió rango y jerarquía de Secretario de Estado.
En el mismo documento, el artículo segundo ratificó en su cargo a María Beatriz Giraudo Gaviglio, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta. A partir de ahora cumplirá funciones como Consejera Técnica, con carácter ad honorem
Transformación del INTA
El pasado martes, mediante el decreto 462/2025, el Ejecutivo resolvió que el INTA dejara de ser un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía, para pasar a funcionar como ente desconcentrado bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En esa normativa, el Gobierno explicó que la decisión apuntó a “transformar al INTA en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, asegurando que mantenga sus funciones de investigación, asistencia técnica y cooperación institucional en el ámbito agropecuario y agroindustrial”.
Cambios en la estructura directiva
En relación a la conducción del organismo, el decreto estableció que resultaba imprescindible “adecuar la dirección del organismo y que la conducción quede a cargo de un Presidente designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con rango y jerarquía de Secretario de Estado, asistido por un Consejo Técnico ad honorem, que tendrá a su cargo el asesoramiento en los lineamientos científico-técnicos del organismo”.
El texto también aclaró que el INTA conservará “sus funciones sustantivas vinculadas al registro, administración y vigilancia de los derechos de propiedad industrial, asegurando la continuidad de su rol técnico y especializado y, simultáneamente, se propone la eliminación de aquellas competencias que resultan incompatibles con la naturaleza jurídica de un organismo desconcentrado y aquellas que resulten innecesarias”.