El acuerdo con el organismo de crédito estableció el 15 de abril como fecha límite para adecuar el presupuesto a las metas comprometidas
Tan solo dos de las 23 promesas al Fondo Monetario Internacional se firmaron con tanta especificidad en su fecha límite como la que debería haberse cumplido hoy. Se trata de la modificación presupuestaria pautada como un “parámetro estructural” de referencia para el cumplimiento del acuerdo con el organismo de crédito. En rigor, el texto estableció que debía realizarse hasta el 14 de abril.
El principal sentido de adecuar “la ley de leyes” para las prioridades de gasto del Estado tenía que ver una de las variables de mayor rispidez política para el Gobierno: el déficit fiscal. El presupuesto modificado para el ejercicio 2022 debería contemplar un déficit primario del 2,5% sobre el PBI. La meta es más ambiciosa que la del proyecto inicial para este año –que la ubicaba en 3,3%– y 1,5 puntos porcentuales por debajo que la de 2021.
Actualmente, el Gobierno se rige por el presupuesto 2021 prorrogado por decreto, debido al rechazo en el Congres del proyecto oficial 2022. En lo que va del año, se hicieron tres modificaciones presupuestarias menores, a través de resoluciones oficiales, para ajustar algunas necesidades tales como las partidas requeridas para el Censo 2022 o los incendios en Corrientes.
Fuentes oficiales confirmaron que la Secretaría de Hacienda preparaba el proyecto para ser aprobado a través de un decreto de necesidad y urgencia, dando por descartada la vía legislativa. Esta opción generaba una complicación para Alberto Fernández tanto porque la oposición se hubiese visto en un mojón similar al que tuvo en el tratamiento del acuerdo con el FMI, como por el conflicto que se hubiera desatado con los diputados y senadores que responden a Cristina Kirchner.
Se debe a que el acuerdo con el FMI obliga al Gobierno a avanzar en un intento de ajuste en el gasto en ciertos rubros, como los subsidios energéticos, que en 2021 representaron el 2,1% del PBI. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION evitaron anticipar si se incluirá en la modificación presupuestaria el esquema de segmentación y aumento de tarifas que se elabora en la secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez.
Lo cierto es que Economía se comprometió a reducir las partidas energéticas en un 0,6% del PBI, con aumentos cercanos al 20% para los sectores de menores ingresos, entre 43% y 45% para la mayoría de los clientes, y de hasta el 200% para los hogares a los que se les aplicará la segmentación.
