El futuro del juez federal de Mendoza Walter Bento depende de una ajustada votación que se realizará en el 31 de mayo en el Consejo de la Magistratura, donde se debe decidir si se lo suspende y se le inicia juicio político, pues está procesado ocho veces, acusado de recibir coimas para favorecer a presos por narcotráfico y contrabando, y de enriquecimiento ilícito.
Bento, investigado por la Justicia desde hace mas de dos años, sigue en funciones firmando sentencias, más allá de su situación judicial. De hecho, está previsto que el 26 de julio próximo comience un juicio oral y público en su contra por los delitos penales por los que se lo acusa.
Más allá de este proceso judicial, donde se determinará si es culpable o no, en el Consejo de la Magistratura se realiza otra investigación, que puede derivar en que se decida su suspensión y su juicio político para conseguir su destitución como juez.
La semana pasada, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió, con el voto de los consejeros de la oposición, llevar al plenario el dictamen realizado por consejeros de Juntos por el Cambio Miguel Piedecasas (abogado), Eduardo Vischi (senador por Corrientes-UCR) y Roxana Reyes (diputada por Santa Cruz-UCR), que promueve la suspendió, acusación y enjuiciamiento del magistrado por mal desempeño.
El kirchnerismo se abstuvo en la votación porque entiende que el dictamen es deficiente. Rodolfo Tailhade argumentó que al atar el juicio político a la causa penal hay riesgo de que la justicia descarte los hechos imputados como delitos y el caso quede en la nada.
El kirchnerismo tiene seis representantes en el Consejo: el representante de los abogados y exdiputado Héctor Recalde, su hijo y senador nacional Mariano Recalde (CABA), la senadora María Inés Pilatti Vergara (Chaco), los diputados Tailhade (Buenos Aires) y Vanesa Siley (Buenos Aires) y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
