En un nuevo revés contra la Argentina en el juicio por YPF, la Justicia de EEUU dio el primer paso a aplicar embargos. Así lo que informó Sebastián Maril, el analista de Latam Advisors que sigue al detalle los pormenores del caso, la jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central (BCRA) como posibles “Alter Ego de la República Argentina”.
De acuerdo a lo que explicó Maril, la jueza le ordenó al país “producir información desde los últimos dos años para probar su relación con el Estado”, es decir, que entregue una suerte de informe detallado al respecto.
Maril recordó que los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina por la expropiación de YPF están buscando cobrar mediante embargos o transferencias de titularidad de las acciones la sentencia que obliga al país a pagar US$16.100 millones por aquella nacionalización.
“Como la Argentina no depositó garantías, los beneficiarios pueden pedir embargos. Para avanzar en ellos, le pidió un montón de información y documentos sobre los bienes a la Argentina. El país no está produciendo esa información porque argumenta que son bienes no embargables”, indicó.
Los demandantes pidieron información sobre las acciones de YPF expropiadas a Repsol y otras acciones de la petrolera en manos del Estado; cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es US$1 millón o más; el swap de monedas con China; las concesiones para la exploración de recursos naturales; Aerolíneas Argentinas; Arsat; Enarsa y Banco Nación.
En buena parte de esos puntos, los abogados de la Argentina rechazan la entrega de documentos porque consideran que son activos sensibles y que, como tales, no son embargables. Por eso, los beneficiarios solicitaron una audiencia con la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina, para declarar que algunas de esas organizaciones son alter ego del país y, por lo tanto, la república debe entregar la información.
“Esa audiencia fue hoy y Preska reconoció que hay fuertes sospechas de que el Banco Central y la propia YPF son alter ego de la Argentina. En esa línea, le ordenó al país que produzca la información necesaria para responder a los requerimientos que los demandantes formularon hace meses”, apuntó Maril.
