Acorralado por el interés de Cristina Kirchner por nombrar jueces en cargos clave antes de abandonar el poder y por la consecuente negativa de la oposición a concederle ese triunfo a un gobierno que consideran en retirada, el jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans (Formosa), rema contra la corriente para tratar de armar una sesión en la última semana de junio.
El principal objetivo del Frente de Todos es un paquete de pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo que despiertan el interés de la vicepresidenta y que todavía no pueden ser discutidos en la Comisión de Acuerdos porque la Cámara alta no celebró ninguna sesión desde que los nombramientos ingresaron al Senado y, por lo tanto, no han podido tomar estado parlamentario.
Pero eso no es todo. Hace casi tres semanas atrás, el oficialismo tiene en gateras el dictamen de la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación Penal por quien el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado para prolongarle por cinco años su magistratura una vez que, en agosto, cumpla 75 años y deba jubilarse.
Con los plazos procesales vencidos, aunque Figueroa lo negó en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, la jueza tiene que votar si confirma el fallo de primera instancia que decretó el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta y a sus hijos Máximo y Florencia, o si habilita el pase del proceso a juicio oral.
