El argumento del Gobierno y un conjunto de gobernadores, que esgrimen que el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires es de “imposible cumplimiento” por un problema presupuestario encuentra su refutación en dos leyes impulsadas por el oficialismo: la ley de presupuesto 2023 que elaboró el Poder Ejecutivo y que votaron los diputados y senadores del Frente de Todos, y la de “superpoderes”, una norma que data de 2006 que permite a los gobiernos modificar los créditos presupuestarios por decreto sin autorización previa del Congreso.
Dos leyes del oficialismo le permitirían al Gobierno acatar el mandato de la Corte
