Desde el Gobierno se confirma que se aplicará el descuento del día a quienes participen de la huelga, siguiendo la misma lógica que se aplicó en anteriores situaciones de protesta. ATE ha organizado un paro nacional de 24 horas para el 15 de octubre, el cual incluirá una movilización al Congreso a partir de las 13:30 para exigir la derogación total del DNU 70/2023.
El sindicato ha anticipado que durante la jornada se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en ciertos centros asistenciales. Asimismo, se prevén impactos en organismos nacionales como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, CNRT y ANAC, además de dependencias provinciales y municipales, aunque cada jurisdicción definirá el alcance de la protesta.
Esta medida coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y una sesión especial que algunos sectores de la oposición intentarán convocar en Diputados para avanzar contra el DNU 70. Desde la Casa Rosada aseguran que, por el momento, los bloques opositores no cuentan con el quórum necesario y están en negociaciones con aliados para evitar que la sesión se lleve a cabo.
Sin embargo, el frente universitario adopta una estrategia distinta. El Gobierno aspira a alcanzar un acuerdo dentro del Presupuesto 2027 y admite su disposición a aumentar los recursos asignados a las universidades, aunque rechaza elevar la partida a los aproximadamente $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El proyecto que se presentó al Congreso incluye cerca de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que las estimaciones de las universidades alcanzan los $11 billones, creando una diferencia de aproximadamente 32%. Un documento elaborado por el sector universitario señala que la propuesta del Gobierno no cumplirá con las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario y las resoluciones judiciales vigentes.
Desde el Gobierno consideran que la negociación no debe centrarse únicamente en el monto total de las transferencias. Entre los temas que han surgido en las conversaciones figuran cuestiones impositivas y previsionales relacionadas con ARCA, así como el régimen de aportes patronales que afecta a las universidades nacionales.
Las instituciones de educación superior tienen un régimen especial de contribuciones patronales que va incrementándose de manera gradual hacia la alícuota general del sector público. La normativa actual determina para 2026 una alícuota de 13,65%, que aumentará a 14,52% en 2027 y seguirá creciendo hasta llegar al 17,13% en 2030. En los ámbitos universitarios se confirma que ese tema está siendo debatido, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre posibles modificaciones.
La intención de la Casa Rosada es utilizar estos aspectos para crear un entendimiento más amplio que integre asignación de fondos, salarios y cuestiones tributarias. En el Ejecutivo esperan que, si se logra un consenso dentro del Presupuesto, las universidades también desistan de las acciones judiciales abiertas en relación a la Ley de Financiamiento Universitario.
Este caso se ha convertido en uno de los principales puntos de presión sobre el Gobierno. El juez Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria, ordenando su cumplimiento. El Ejecutivo ha apelado la resolución y sostiene que ha realizado avances parciales en cuanto a las obligaciones salariales y de funcionamiento.
En junio, se firmó un acuerdo que estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. Asimismo, se fijó un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano. En septiembre, el Gobierno también implementó una mejora adicional del 3% en los salarios.
Las divergencias persisten. Referentes docentes y no docentes mantuvieron este martes reuniones con diputados fuera de la Comisión de Educación para discutir el Presupuesto y estiman una diferencia cercana al 30% entre la propuesta oficial y las necesidades planteadas por el sistema universitario. Los rectores también exigen que la ley vigente se integre plenamente al cálculo de gastos para 2027.
La Casa Rosada busca evitar que este conflicto se intensifique en un año electoral. Desde el Ejecutivo reconocen que la disputa universitaria combina un problema fiscal con un frente político y social, y consideran necesario cerrar un acuerdo antes de 2027. La postura oficial es que cualquier incremento debe mantener el equilibrio presupuestario y deberá provenir de reasignaciones o recursos disponibles.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, indicó que el Ejecutivo continuará trabajando en el financiamiento y afirmó que no recurrirá a la emisión ni al aumento de la deuda para satisfacer los reclamos. También instó a que la movilización del jueves se desarrolle de manera pacífica y cuestionó el ingreso de manifestantes al Palacio Pizzurno durante protestas anteriores.
De este modo, el jueves se concentrarán tres frentes para el Gobierno: el paro de ATE, la movilización universitaria y el intento opositor de llevar adelante una sesión en Diputados. La decisión inmediata será descontar el día a los estatales que se sumen a la huelga y mantener la negociación política para evitar el quórum, mientras el Ejecutivo busca disociar el conflicto universitario de esta confrontación y resolverlo a través de un acuerdo en el marco del Presupuesto 2027.
