El escrito busca sumar a la investigación que comenzó el 28 de abril de 2026, nuevos hechos que, según los legisladores, podrían ser constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Particular énfasis se pone en las declaraciones que Bausili realizó ante el Senado sobre la ubicación de los lingotes y las auditorías efectuadas sobre las operaciones.
En una reunión de comisiones del Senado, Bausili indicó que parte de las reservas internacionales de oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Además, indicó que los balances de 2023, 2024 y 2025 habían sido objeto de auditorías internas y externas, así como revisiones por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), sin que se detectaran objeciones en estas operaciones.
No obstante, la ampliación de la denuncia incluye información de la AGN que, según los senadores, contradice las afirmaciones de Bausili. El organismo destacó que no pudo auditar la transferencia de los lingotes y que no existían contratos de colocación con el BIS ni con otros depositarios internacionales a la fecha de la denuncia y hasta el 31 de diciembre de 2024. También señaló que la auditoría del ejercicio 2025 aún no había sido aprobada y que la evaluación de la trazabilidad de las reservas de oro no se pudo llevar a cabo debido a la demora del BCRA en proporcionar información.
La presentación judicial también revela que las reservas de oro podrían estar ubicadas en Londres, lo que contrasta con la explicación ofrecida por Bausili ante el Senado. Los denunciantes consideran que estas discrepancias justifican una mayor profundización de la investigación para establecer las condiciones bajo las cuales se realizó el traslado de los lingotes.
En ese contexto, los senadores justicialistas han solicitado que Bausili comparezca nuevamente ante las comisiones de Economía y Presupuesto para aclarar el destino de las reservas y presentar documentación sobre las operaciones.
Entre los detalles que se buscan obtener se incluyen las fechas de los envíos, el destino real de los lingotes, las empresas o dependencias implicadas en el traslado terrestre y aéreo, así como la cantidad y calidad del oro movilizado. Además, se pretende conocer quién evaluó la calidad de los lingotes y cuáles fueron las condiciones, beneficios y responsabilidades de seguridad asumidas por el depositario.
También se requiere que el presidente del BCRA documente que el oro trasladado fue efectivamente llevado a Basilea, Suiza, al Banco de Pagos Internacionales y que permanece allí. Los legisladores demandan más precisiones sobre las auditorías de los balances y las condiciones jurídicas de las operaciones.
Por su parte, el Gobierno no proporcionó este martes nuevas aclaraciones sobre el destino del oro y derivó las consultas al Banco Central. El vocero presidencial, Adrián Ravier, manifestó que es Bausili quien debe responder sobre el asunto, enfatizando la independencia institucional del BCRA. Ravier, no obstante, reconoció que existe una relación cercana y acciones coordinadas entre el titular del Banco Central, Caputo y el Ejecutivo, aludiendo también a que las reformas a la Carta Orgánica del BCRA enviadas al Congreso se llevaron a cabo en colaboración con Bausili. Sin embargo, subrayó que esta coordinación no implica que el Gobierno pueda responder en representación del organismo.
La ampliación presentada por los senadores tiene como objetivo que la Justicia Federal considere estos nuevos elementos en la causa original y determine si se han cometido irregularidades en el traslado, custodia, trazabilidad y eventual depósito en el exterior de las reservas de oro.
