Según se ha informado, este tema fue discutido en la última reunión de la mesa política y plantea la necesidad de modificar la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que actualmente establece sanciones para aquellas actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la debida autorización.
Tras la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei, sectores del peronismo solicitaron que el área pesquera se incluya en el endurecimiento de las sanciones; de hecho, el líder de la bancada peronista, Germán Martínez, propuso este enfoque durante la sesión de hoy.
El Poder Ejecutivo tiene planes para enviar esta propuesta al Congreso el próximo lunes, y está considerando cómo realizar esta presentación: si a través de un formato tradicional o mediante la comparecencia de un funcionario que exponga los detalles del proyecto. Entre los posibles representantes se encuentran el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno, quienes estuvieron involucrados en la redacción del mismo.
La administración actual espera que la normativa sea tratada en la Cámara de Diputados entre finales de septiembre y principios de octubre, manteniendo la confianza en un avance ágil en el debate legislativo.
Esta discusión se desarrolla en un contexto donde el Gobierno ha intensificado su ofensiva contra empresas que están presuntamente involucradas en negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, especialmente en relación con el proyecto denominado Sea Lion.
Asimismo, Milei anunció la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, mencionando que su financiamiento se incluirá en el Presupuesto 2027 y no afectará el equilibrio fiscal. “Con esta ley, quienes ofrezcan servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, afirmó el presidente durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Además, subrayó que los recursos serán reasignados sin poner en riesgo el superávit, para la creación de la Base Naval Integrada y para inversiones en telecomunicaciones. “Desde el anuncio en cadena nacional, ya hemos iniciado procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, agregó.
