El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó de forma unánime el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año 2027, que prevé un gasto total de $2,84 billones. La sesión fue liderada por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo. Durante el encuentro, los consejeros discutieron las asignaciones necesarias para asegurar el funcionamiento de la Justicia nacional en el próximo año. La cifra aprobada implica un incremento del 24% con respecto a los $2,28 billones presupuestados para el cierre de 2026. Además, excede en $522.020 millones el límite financiero establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto, que se fijó en $2,31 billones. Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo y presidente de la Comisión de Administración Financiera, destacó que esta aprobación brindará previsibilidad al funcionamiento del sistema judicial. “El presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene para el fortalecimiento institucional y la modernización de la Justicia”, afirmó. También señaló que la meta es avanzar hacia un servicio “más ágil, transparente, eficiente y cercano a la gente”. La mayor parte del presupuesto, $2,69 billones, corresponde a Gastos en Personal, lo que representa el 94,7% del total. Este monto contempla 24.415 posiciones dentro de la estructura judicial. Dentro de este apartado se incluyen puestos relacionados con la creación de tribunales según lo estipulado por ley, la Escuela Judicial, el Cuerpo de Auditoría en Sistemas, así como intendencias y delegaciones regionales, además del Sistema Informático de Recursos Humanos. El presupuesto contempla 1.456 cargos específicos que son los más relevantes dentro de este inciso. También se han asignado $9.072 millones para el pago de horas extra, con un límite de 170.423 horas anuales. El resto del presupuesto se distribuye en $80.430 millones para servicios no personales, $43.795 millones para bienes de uso, $14.385 millones para transferencias y $12.922 millones para bienes de consumo. La partida destinada a bienes de uso es la que presenta el mayor incremento porcentual, con un crecimiento del 56%, y destina $25.406 millones a equipamiento informático. Entre las compras planificadas se incluyen notebooks, sistemas de seguridad digital y la instalación de 300 cámaras de videovigilancia, entre otros insumos tecnológicos. Además, el anteproyecto incluye un plan de infraestructura para el período 2027-2029 que requerirá inversiones superiores a $39.400 millones, enfocadas principalmente en edificios judiciales que se encuentran en condiciones críticas. La obra de mayor envergadura será la de Casación Penal, ubicada en Comodoro Py 2002, para la cual se proyectaron $9.227 millones. Dentro de los servicios no personales, se asignaron $23.951 millones para servicios básicos, $16.596 millones para limpieza y vigilancia adicional, $14.077 millones para alquileres y $3.515 millones para mantenimiento informático. En el capítulo de transferencias se incluyen también $14.380 millones destinados a jubilaciones y pensiones especiales para 106 beneficiarios. Viola resaltó que la elaboración del anteproyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta la premisa de que los recursos públicos son limitados y agradeció el acuerdo alcanzado entre los diversos sectores que componen el Consejo. Afirmó que contar con las partidas aprobadas “en tiempo y forma” permitirá organizar la administración, mejorar la función de la Justicia y fortalecer su autonomía. En el plenario participaron, además de Rosatti y Viola, los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez y Mariano Recalde; así como los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. También asistieron los representantes de la abogacía Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau, junto a los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. Juez, Recalde, Siley, Tailhade, Grau y Tamarit participaron de manera remota. Estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Aprobación unánime del anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2027
