En este último caso, la Sala D de la Cámara Civil, compuesta por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, desestimó los recursos extraordinarios presentados por la IGJ en el contexto de la reubicación del domicilio legal de la AFA hacia el distrito de Pilar. El organismo judicial sostenía que la asociación de fútbol seguía teniendo su sede en la ciudad de Buenos Aires y pertenecía a su jurisdicción, lo que motivó su intención de llevar el caso a la Corte Suprema.
A través de dos fallos (33634/2026 y 19728/2026), la Cámara determinó que no hubo arbitrariedad, cuestión federal ni gravedad institucional en el proceso, declarando nula la resolución de la IGJ y anulando la designación de veedores ordenada por el Ministerio de Justicia. Los magistrados argumentaron que, una vez que la provincia aceptó el establecimiento de la AFA en su territorio, la supervisión pasó a ser de la órbita bonaerense, lo que dejó a la IGJ sin competencia para impugnar el nuevo domicilio.
Apoyado por el abogado Alberto Baños, Tofoni denunció a Tapia y Toviggino por coacción, argumentando que sus declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales eran intentos de intimidación para que desistiera de su litigio contra la AFA. Sin embargo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, bajo la dirección de Silvana Russi, resolvió que las publicaciones de Toviggino ya habían sido investigadas en 2023 y archivadas por considerarse pruebas insuficientes, además de no poder establecerse que las declaraciones de Tapia fuesen dirigidas específicamente hacia Tofoni. El denunciante tampoco logró demostrar que los mensajes intimidatorios que recibió, de números desconocidos, provenían de los dirigentes de la AFA.
Por consiguiente, la fiscal solicitó a la jueza que desestimara la denuncia por falta de delito, aunque permitió que Tofoni sea incorporado como querellante.
