La Gendarmería Nacional lleva a cabo la tarea bajo la instrucción del juez Ariel Lijo, en el contexto de la investigación que indaga sobre posibles irregularidades y sobreprecios en la adquisición de medicamentos y prótesis vinculadas a la agencia que encabezaba Spagnuolo, quien fue removido tras la divulgación de estos audios y procesado junto a otras 18 personas relacionadas con este escándalo.
La pericia, en la que participan peritos de la fiscalía y diversas defensas, tiene varios objetivos. Primero, buscará verificar si la voz que se escucha en las grabaciones corresponde efectivamente a Spagnuolo. Además, se analizará el contenido de los archivos para determinar si han sido editados, manipulados o si se detecta alguna intervención de Inteligencia Artificial, como argumenta la defensa de Spagnuolo.
A pesar de que el juez Lijo ordenó a Spagnuolo presentar una muestra de su voz para facilitar la comparación, el implicado se negó, argumentando que este procedimiento podría perjudicarlo legalmente.
Los audios en examen representan un material delicado para el Gobierno; en las grabaciones se discute un aparente sistema de retornos por las compras de medicamentos en la agencia y se menciona en varias ocasiones a Eduardo “Lule” Menem, así como a Milei y a la droguería Suizo Argentina. Aunque dichas grabaciones forman parte del expediente, la defensa de los involucrados ha cuestionado su peso y relevancia en la investigación.
La defensa de la familia Kovalivker, relacionada con la droguería, lideró intentos judiciales para demostrar que estos audios eran cruciales para la causa y solicitó su anulación total, lo que afectaría la investigación. En este contexto, el fiscal Franco Picardi defendió la importancia de los audios al señalar que si bien su investigación se originó con ellos, no está exclusivamente dependiente de su contenido.
En medio de esta disputa se encuentra Spagnuolo, quien inicialmente argumentó que los audios habían sido alterados con tecnología de IA y solicitó llevar a cabo el peritaje, pero luego intentó frenar dicha medida y se opuso a facilitar su muestra de voz.
La controversia abarca aspectos diversos, desde consideraciones doctrinales hasta la legalidad de las grabaciones. También se cuestiona si los audios son auténticos y si deberían ser parte de esta investigación, especialmente considerando que hay otra causa dirigida por el fiscal Carlos Stornelli que también indaga sobre su obtención y divulgación.
La Cámara decidió, por mayoría, avanzar con el análisis de los materiales, lo que dio inicio al peritaje realizado por la Gendarmería desde este miércoles.
La causa relacionada con Andis se ha visto afectada por recientes sucesos en Bolivia, donde la abogada y activista Nadia Beller fue hospitalizada tras sufrir un ataque a balazos. En este acontecimiento, su expareja y exasesor digital del Gobierno, Fernando Cerimedo, quedó bajo sospecha. Desde el centro médico en Bolivia, Beller acusó a Cerimedo de intentar silenciarla y reveló que fue él quien le comentó sobre los audios de Spagnuolo. “Fernando me dijo que los audios eran reales”, expresó Beller, quien también manifestó su disposición a declarar como testigo, aunque aún no ha sido convocada.
Picardi, que está al frente de la investigación, ya había citado a Cerimedo antes de su viaje a Bolivia para asumir funciones como asesor del presidente Rodrigo Paz. La fiscalía considera su testimonio vital, ya que aportó un elemento independiente sobre el supuesto entramado de corrupción, afirmando bajo juramento haber escuchado de Spagnuolo una descripción del mismo que se refleja en los audios.
Además del peritaje, hay otros dos frentes abiertos en el expediente, uno de los cuales implica que la Cámara Federal revise los procesamientos de los 19 acusados incluidos en la resolución inicial del entonces juez Sebastián Casanello. Entre ellos se encuentran Spagnuolo, el exfuncionario Daniel Garbellini y los supuestos intermediarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Por otro lado, el juez Lijo espera resolver la situación de un segundo grupo de imputados, que suma alrededor de 30 individuos que ya fueron indagados en la causa.
