Además, la cámara se mostró a favor de las modificaciones en la actividad propuestas por el ministro de Desregulación, y pidió tanto al Gobierno como a los prácticos que establezcan una mesa de negociación para resolver el conflicto, restablecer la actividad y poner en marcha el decreto.
En un comunicado, la CPPC afirmó que “la paralización del servicio frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”. Junto a esto, destacaron que la situación “evidencia la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, subrayó la cámara empresarial.
Se estima que actualmente alrededor de 150 buques se encuentran retenidos a la espera de ingreso a los puertos del país, lo que impacta negativamente en la exportación de granos y combustibles, así como en la llegada de mercancías.
Los prácticos son los encargados de realizar la entrada y salida de los buques en los puertos, y se trata de un oficio altamente especializado con escaso número de profesionales, ya que en toda la zona portuaria del área metropolitana hay apenas 24 prácticos. Sin embargo, desde el entorno del ministro justifican que representan solo el 8% del costo total y que su labor podría ser suplantada.
A pesar de que la Prefectura Naval Argentina intimó a 500 prácticos a retomar de inmediato su actividad en los ríos, puertos, pasos y canales del país, fuentes consultadas indicaron que el lock out continúa. “Sigue todo igual”, afirmó un informante portuario, quien aseguró que los prácticos “están en una posición extrema”.
“Nosotros no tenemos nada que negociar. Es un conflicto de los prácticos con una resolución del gobierno. Estamos intimándolos a que hagan su trabajo, siendo que es un servicio público esencial, pero sin éxito”, agregó la misma fuente, quien también indicó que continúan llegando entre 30 y 40 buques diarios.
Otra fuente consultada corroboró la persistencia del conflicto, señalando que “no ha cambiado nada” y que, a pesar de la notificación de la Prefectura, el paro sigue vigente. “Esto no está en nuestras manos. La única solución es que la Prefectura convoque a los prácticos y establezca una mesa para implementar el decreto y normalizar la actividad”, manifestó.
El Ministerio de Trabajo se encuentra imposibilitado de dictar una conciliación obligatoria dado que “técnicamente no existe un conflicto laboral”, sino una decisión individual de los prácticos de no prestar servicios.
El principal cuestionamiento del sector hacia la medida impulsada por el ministro es que la normativa elimina el sistema cerrado de inscripción, establece tarifas máximas, libera el transporte de embarque y desembarque, y permite que ciertos capitanes extranjeros, con conocimiento de la zona, puedan navegar sin necesidad de contratar prácticos.
No obstante, la CPPC ha mostrado su apoyo explícito a la iniciativa del ministro. “Desde la CPPC consideramos que esta coyuntura crítica evidencia la necesidad impostergable de adecuar, modernizar y desregular el sistema de practicaje en nuestro país, alineándose con lo propuesto por el Gobierno nacional, sin comprometer la seguridad de la navegación”, sostuvieron.
Para la cámara, “que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional”.
A pesar de reconocer “la idoneidad técnica y el profesionalismo” de los prácticos, argumentaron que “no resulta preciso sostener que las actuales medidas de desregulación comprometan la seguridad operacional”.
“En la práctica, ninguna armadora, capitán o compañía de seguros opera o moverá un buque en vías complejas sin el respaldo profesional adecuado a bordo. La defensa de la seguridad es un principio compartido por toda la comunidad portuaria y puede coexistir con un marco normativo moderno, eficiente y competitivo”, concluyeron.
En este contexto, la CPPC instó “de manera urgente e impostergable tanto al Gobierno Nacional como a los representantes del sector de practicaje a conformar una Mesa de Negociación para normalizar la actividad e implementar el Decreto 690/2026.”
