El propio Gobierno solicitó a las autoridades de la Iglesia católica el traslado, lo que obligó a reprogramar la misa de manera urgente. El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, conocido por sus discursos con fuerte enfoque social, ha recibido a representantes de La Libertad Avanza en su provincia. Por su parte, el arzobispo metropolitano, Jorge García Cuerva, también se caracteriza por no mostrar condescendencia en sus mensajes. Esto quedó evidenciado el 25 de mayo.
Ambos prelados fueron designados por el Papa Francisco y en las homilías de esa fecha hicieron exhortaciones directas al Gobierno nacional. García Cuerva utilizó la parábola del buen samaritano para enfatizar ante el Presidente que no existen trabajadores “sobrantes” en los centros de Discapacidad, que sufren el ajuste. Asimismo, mencionó las “cuevas de la corrupción”.
Sin la presencia del Gabinete nacional, Sánchez también expresó críticas sobre la responsabilidad del Estado en garantizar el bien común, citando a León XIII, al afirmar que “todos tienen derecho a gozar de condiciones equitativas de vida social. La responsabilidad de edificar el bien común compete en primer lugar al Estado, porque es la razón de ser de la autoridad política”.
Asimismo, abordó la cuestión del valor de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, en contraste con el enfoque liberal que promueve el Gobierno. Parte de las políticas económicas que el Ejecutivo planea priorizar en las semanas próximas buscan convertir a Argentina en una zona franca de regulación para este tipo de inversiones.
En la reunión de Gabinete, se dio la instrucción de no responder a los cuestionamientos de la Iglesia, enfocándose en lo más positivo de la homilía: la imagen de Messi y el espíritu de equipo. Este enfoque no es casual, ya que las gestiones para asegurar la visita del Papa a Argentina continúan, y las autoridades anhelan conseguir esa fotografía del Presidente junto al líder católico.
Según un informe de junio del Observatorio de las Creencias en Argentina de la UBA, la estructura religiosa en el país atraviesa una transformación, marcada por la disminución de la hegemonía católica, junto al crecimiento de las iglesias evangélicas y de aquellos que no se identifican con ninguna religión. A pesar de esto, el catolicismo sigue siendo mayoritario, con un 57,7% de la población, muy lejos del 90% del Censo Nacional de 1960.
El segundo grupo más grande es el de personas sin afiliación religiosa, que alcanza el 22,4%, lo que indica un alejamiento de las instituciones aunque no necesariamente de la fe, en especial entre las nuevas generaciones. La voz de la Iglesia, representada por Sánchez y García Cuerva, tiene hoy un eco menos contundente en el ámbito institucional que en el pasado.
La sociología ha catalogado a estos creyentes como parte del fenómeno de “creer sin pertenecer”: muchos mantienen prácticas religiosas, aunque estén desvinculadas de la Iglesia y sus representantes, lo que se hizo evidente con el cambio generacional. Además, el sector evangélico se ha consolidado como la segunda identidad religiosa organizada, con un 17,4%.
No es extraño que en ese marco, la vocera paraoficial provenga del Congreso y no del Ejecutivo. Sin tapujos, Lilia Lemoine describió a García Cuerva como “peronista” y tildó sus discursos de “hipócritas y aburridos”. Desde la Casa Rosada, aclararon que cualquier expresión de la diputada era personal.
Aunque opten por mantenerse al margen, en el núcleo libertario interpretan los mensajes de la Iglesia como un desafío político. Son conscientes de que compiten con ciertos principios cuando se cuestiona el ajuste o se confronta el individualismo que promulga el Gobierno con la noción de lo colectivo.
A su vez, esta grieta es explotada por viejos referentes para nutrir un discurso de cambio de cara a 2027.
Durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei, el ajuste fiscal se asociaba a un estado de emergencia, persiguiendo el equilibrio de cuentas a través de un recorte acelerado del gasto. Dos años y medio después, la discusión se centra no solo en la magnitud del recorte, sino en la configuración del Estado resultante de este proceso.
La ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 brinda una de las primeras imágenes para responder a esta cuestión. Cuando se compara con el mismo período de 2023, año completo previo al cambio de mando, se observa que el gasto nacional se mantiene un 34% por debajo en términos reales. Aun con respecto al semestre de 2025, la ejecución se ha reducido nuevamente, aunque de forma más moderada.
Sin embargo, el dato más relevante no es solo la magnitud del ajuste, sino su distribución. El Estado no sólo gasta menos que hace tres años, sino que también redistribuye sus recursos de forma distinta.
Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la inversión pública es el principal objeto del ajuste, siendo la obra pública la principal fuente de ahorro fiscal. Los programas vinculados con infraestructura, transporte, energía, industria y desarrollo económico han mostrado las caídas más pronunciadas en comparación con 2023. El total de los llamados Servicios Económicos ha visto una disminución cercana al 72%, la más acentuada entre todas las funciones estatales.
Este cambio se refleja en los grandes programas y los organismos encargados de su implementación. La construcción de infraestructura municipal, obras viales, proyectos hidráulicos y diversos programas de inversión han mostrado descensos que, en varios casos, resultan en ejecuciones casi nulas en comparación a hace tres años.
El informe indica disminuciones significativas en Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, y Obras de Seguridad en Rutas Nacionales. Se reportan caídas del 98% en Desarrollo de Obra Pública, del 97% en la Cuenca Matanza-Riachuelo, del 96% en Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, y del 85% en Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.
Dentro de este contexto, las provincias también experimentan cambios en sus relaciones financieras con la Nación. La ejecución presupuestaria muestra un notable retroceso de los programas de asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales. Además, se ha estimado una fuerte disminución de la inversión nacional en las provincias, como resultado de la reducción de obras públicas.
Los programas de asistencia financiera se han visto recortados en un 99%, mientras que la cooperación y asistencia técnica a municipios ha caído un 97%. Particularmente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires ha registrado una reducción total en comparación con 2023.
Esos números no pasan desapercibidos para los gobernadores, quienes, mientras se prestan para fotografías, sopesan el impacto de sus votos en el Congreso en relación a sus propias agendas electorales y con las de Milei para 2027. “Los gobernadores siempre quedan en deuda. Nos piden cosas y nos ofrecen algo a cambio, pero aún no se ha pagado lo anterior”, bromea un referente con cercanía a la imagen en la Casa Histórica tucumana.
Por lo tanto, las provincias intentan acelerar los procesos para aprobar las leyes que el Gobierno desea. Sin embargo, dos de estas iniciativas urgentes, Zonas Frías y la reforma política, probablemente no experimenten avances significativos hasta el regreso del receso en agosto.
“Renunciar a sus bancas en el Congreso nacional no le sirve a ningún gobernador para cerrar un acuerdo con la Rosada en 2027: ¿cómo quedarán en términos de negociación a futuro?”, plantea un segundo interlocutor sobre la eliminación de las PASO y la posibilidad de incorporar listas colectoras en la BUP nacional.
La comparación de los números del gasto público también revela un cambio interno menos visible, pero igualmente significativo, que se ha ido consolidando con el tiempo: la composición del gasto. La Seguridad Social sigue absorbiendo la mayor parte de los recursos nacionales, a pesar de perder participación en el Presupuesto. En contraposición, los servicios de la deuda han visto aumentar su peso relativo, representando una proporción mayor del gasto que hace tres años.
Distintas áreas relacionadas con educación, ciencia, desarrollo social, vivienda y producción han mostrado disminuciones sostenidas. No se trata solo de programas específicos; esta tendencia se extiende a ministerios, organismos y políticas públicas, definiendo un Estado con menor intervención en infraestructura, desarrollo productivo, investigación científica y asistencia social en comparación con el período anterior al cambio de gobierno.
El nuevo mapa del gasto público revela a los ganadores dentro de un panorama marcado por recortes. Los incrementos se concentran en pocos organismos, como la SIDE, el INCUCAI, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas —contrariamente a las reducciones en otras áreas de las fuerzas— y el Ministerio de Justicia, cuya ejecución ha superado los niveles registrados en la primera mitad de 2023.
La presencia de Victoria Villarruel en Tucumán se erigió como un recordatorio incómodo para el Gobierno, sugiriendo que las discrepancias con este paradigma estatal coexisten en su interior, aunque tanto la Vicepresidenta como Milei parezcan tratar de disfrazar su desavenencia. Las dudas acerca de los tiempos para la recuperación son patentes incluso entre sus allegados más cercanos.
A diferencia del Presidente, Villarruel llegó a la provincia en un vuelo común y se quedó al día siguiente para participar del Tedeum original y visitar un emprendimiento azucarero, donde se comprometió a impulsar una nueva ley de biocombustibles, uno de los pendientes del oficialismo. Experimentó también inconvenientes con la demora del vuelo el miércoles. “No volamos como la casta”, retan desde el círculo de la Vice.
Veinticuatro horas antes, en la reunión de Labor Parlamentaria, ella también expresó sus diferencias sobre la reforma de Propiedad Privada, el único proyecto legislativo concreto que podría obtener media sanción esta semana. Uno de los aspectos que indujo a nuevos ajustes —según se ha informado— hace referencia a los cambios en la tenencia de tierras en manos extranjeras, que han sido tajantemente rechazados por la oposición.
El Gobierno optó por no contestarle a la Iglesia y el Gabinete se quedó con la imagen de Messi, el espíritu de equipo y la parte más optimista de la homilía. Sin embargo, la misa, la foto de Tucumán, los movimientos de Villarruel, las negociaciones con los gobernadores y el análisis de la ejecución presupuestaria han dejado expuesto un debate que trasciende el contexto religioso.
No se trata solo de un ajuste fiscal, sino que el Presupuesto empieza a evidenciar qué áreas han perdido peso, cuáles han logrado sostener o aumentar recursos y cómo ha cambiado la relación financiera entre Nación y las provincias.
La Iglesia plantea el bien común, los gobernadores miran obras, transferencias y votos, y Villarruel trabaja en su propia agenda productiva, no siendo la única que sigue ese camino. Mientras tanto, Milei dirige su gestión hacia la búsqueda del equilibrio fiscal y las reformas, dejando en manos ajenas el armando electoral de 2027, mientras asegura a su equipo y a quienes le escuchan que, al final, su plan funcionará.
Todos orbitan en torno a una interrogante común: qué Estado resulta del ajuste y en qué condiciones llegará a 2027.
