El proyecto del Súper RIGI, destinado a “nuevas actividades económicas” —que incluye todo proyecto industrial, tecnológico o de prestación de servicios relacionados con infraestructura tecnológica y digital estratégica— contempla un marco de incentivos por 30 años para inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los dos primeros años. Además, excluye a ciertos sectores que ya se encuentran en el régimen de RIGI y a aquellos enfocados en “instalaciones preexistentes”. Desde su redacción inicial hasta la versión final, el proyecto ha sufrido ocho modificaciones referidas a incentivos de inversión y requisitos de registro. Se obtuvo el respaldo de 61 firmas, procedentes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.
Con respecto al acuerdo por el pago a los fondos buitre, que está sujeto a la objeción principal de Unión por la Patria, se dictaminó el proyecto que contempla el pago de u$s171 millones por bonos emitidos en 2001. Los fondos involucrados son Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso judicial en Estados Unidos para embargar activos argentinos. En este contexto, se determinó que el Congreso debía aprobar el acuerdo antes del 30 de junio. La iniciativa recibió la aprobación del Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.
Los funcionarios Sebastián Amerio y Juan Ignacio Stampalija presentaron el acuerdo ante ambas Cámaras. Durante la reunión, se realizaron modificaciones al texto original del Súper RIGI. A solicitud del MID, representado por Eduardo Falcone, se incluyó una cláusula que establece que “el plan de negocios debe incluir un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total del proyecto”, además de un incentivo en investigación y desarrollo, que permitirá que cada dólar destinado a este sector cuente como el doble para cumplir con la inversión requerida, fijada en un mínimo de u$s1.000 millones.
Por su parte, el PRO propuso la creación de un registro público de proyectos y una evaluación institucional antes de llevar a cabo la prórroga.
