La decisión fue firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, quien explicó los fundamentos que motivaron esta acción. Según indicó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el proceso de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger desde la asunción de Javier Milei ha llevado a la necesidad de derogar normativas estructurales, incluyendo la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.
“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”, explicó el Gobierno.
La resolución se fundamenta en la Ley de Bases (N° 27.742) y el Decreto N° 70/2023, los cuales proporcionan el marco para la eliminación de las regulaciones mencionadas, dejando sin objeto ni sustento jurídico las resoluciones subsecuentes. El texto oficial señala que la acumulación de normas generó “superposición, desactualización y dispersión”. Asimismo, se considera que es importante llevar a cabo una revisión continua y exhaustiva de la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación.
El conjunto de normativas derogadas abarca resoluciones emitidas entre 2006 y 2025 por diversas secretarías y su eliminación es necesaria, ya que han sido dictadas bajo marcos legales que han perdido relevancia y aplicabilidad.
Las resoluciones principales y sus modificatorias también están incluidas en esta medida. Esta iniciativa se encuentra en línea con la “Ley Hojarasca”, aunque sigue un proceso diferente. Mientras que la reciente resolución opera en el ámbito administrativo, sin requerir intervención parlamentaria, la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta se encuentra en el Congreso y busca eliminar normas de rango legal.
El 20 de mayo, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto presentado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Esta propuesta busca derogar 58 leyes, modificar artículos de otras 8 y eliminar 2 decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, y actualmente aguarda tratamiento en el Senado.
Los argumentos que sustentan ambas iniciativas son similares. El comunicado oficial hace hincapié en que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre sobre cuales son las vigentes”, lo que produce una “inseguridad jurídica” para los ciudadanos, limitando su libre desenvolvimiento.
En relación al primer objetivo, se establece que apunta a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales”, afectando libertades individuales y generando burocracia innecesaria, además de referirse a organismos ya disueltos y aquellos que utilizan fondos nacionales sin actividad real.
