Durante el debate, los participantes intercambiaron acusaciones sobre la condición de la educación pública, los salarios de los docentes y el incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.
Rocío Gómez minimizó el alcance de las protestas estudiantiles, argumentando que no reflejan una representación nacional. “Son dos colegios, hay 24 provincias, no es una representatividad real en todo el país”, argumentó. Además, mencionó problemas de infraestructura y escasez de insumos en escuelas tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras regiones.
La estudiante libertaria sostuvo que los desafíos educativos van más allá de las ocupaciones de escuelas en la capital. “Lo que la sociedad está financiando hace años son estructuras políticas que viven a costa de los impuestos de los argentinos”, aseveró. También criticó la relación entre el número de docentes y estudiantes en algunas universidades nacionales, afirmando que “el sistema universitario argentino tiene que resolver los problemas desde adentro”.
En contraste, Néstor Pitrola denunció un “vaciamiento” de la educación pública universitaria y expresó contundentemente: “No cumplir la ley de financiamiento es de un presidente golpista”. El legislador destacó la crisis en los salarios docentes, señalando que “un cargo simple de un docente con 10 años de antigüedad gana 224 mil pesos por 10 horas”. Agregó que “el 92% del presupuesto universitario se destina a salarios”, preguntándose: “¡De qué negocio de casta me hablan!”.
Francisco Pitrola, nieto del legislador y representante estudiantil en el Colegio Nacional Buenos Aires, defendió las protestas, ligando la desobediencia al deterioro en los salarios de educadores y trabajadores en el ámbito universitario. “Hoy en día los docentes para llegar a fin de mes tienen que recurrir a hacer Didi a la noche”, expresó.
El dirigente estudiantil enfatizó que el conflicto no solo es una cuestión presupuestaria. “No solamente se está discutiendo la ley, sino que se está discutiendo la democracia”, recordó, haciendo alusión a la aprobación de la ley en el Congreso, su veto por el presidente Javier Milei y la posterior ratificación por parte del Poder Legislativo.
Gómez, por su parte, continuó con críticas sobre el funcionamiento interno de las universidades, señalando los bajos niveles de graduación: “Solamente dos de cada diez estudiantes que entran a la universidad se reciben”, afirmó. También cuestionó a los rectores y decanos, sugiriendo que “se rotan entre ellos los lugares”.
Al cierre del debate, Francisco Pitrola resaltó la importancia histórica de la universidad pública en Argentina. “La UBA es un orgullo para la Nación”, sostuvo, y añadió que el sistema universitario “es un canal de ascenso social importantísimo”.
“El Gobierno está dejando de lado a las universidades porque no cree en el sistema universitario argentino y no cree en el ascenso social. Milei quiere deteriorar la universidad pública hasta arancelarla”, concluyó.
