La Libertad Avanza no ha encontrado un contrapeso en una oposición que pueda competir efectivamente, y hasta ahora no ha surgido un líder o grupo que ofrezca una alternativa viable que pueda movilizar la disidencia y el descontento.
No obstante, la administración de Milei no navega en un entorno de poder sin restricciones. El gobierno se enfrenta a límites estructurales, siendo la Justicia un componente crucial que, por diversas razones, ha asumido un papel que tradicionalmente correspondería a una oposición convencional.
Uno de los principales retos para el Ejecutivo son las acusaciones de corrupción que rodean su gestión. La percepción de que los libertarios buscaban romper con la continuidad de administraciones previas, consideradas por muchos como deficientes, se ha vuelto cuestionable. A medida que se multiplican las dudas sobre diversas irregularidades, también es evidente que Milei y su equipo han optado por no impulsar mejoras en la calidad institucional. Ejemplos de esta actitud se observan en la elección de figuras como el juez Ariel Lijo para la Corte, así como las postulaciones de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola para el Ministerio de Justicia; tales decisiones no reflejan un interés genuino en regenerar la vida institucional.
Esta falta de interés no solo resuena en el ámbito local, sino que también afecta la percepción internacional de la administración. Un claro indicativo de ello es el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado “Argentina: Consulta del Artículo IV de 2026, Segunda Revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI (EFF) y Solicitud de Modificación de los Criterios de Desempeño”. En el Box 9, dedicado a “Gobernanza y Marco Anti-Corrupción”, los expertos del Fondo examinan los obstáculos institucionales que están impidiendo el avance económico en Argentina.
El informe resalta varias iniciativas de desregulación que, al reducir controles estatales, han acompañado la eliminación de “peajes” asociados a riesgos de sobornos. No obstante, también plantea serias inquietudes ante múltiples “desafíos”, un término utilizado frecuentemente por organismos internacionales para referirse a “problemas”. Se menciona que Argentina ocupa el puesto 36 de 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International, y se ahonda en deficiencias como la limitada verificación de declaraciones patrimoniales, la falta de transparencia y la aplicación desigual de los regímenes de conflicto de intereses.
El informe del FMI también subraya un hecho alarmante: la caída del Poder Judicial, que debería ser el garante de que la corrupción no opere con impunidad. “Persisten preocupaciones sobre la limitada independencia judicial y la politización”, puntualizan los analistas, advirtiendo sobre retrasos en causas de alto perfil y una rendición de cuentas deficiente para funcionarios de alto rango. Esto enfatiza la necesidad de reforzar la autonomía de fiscales y jueces, así como la transparencia judicial.
La agenda pública actual está repleta de casos que evidencian las cuestiones rescatadas en el informe de Washington. Aunque se pueda seguir sosteniendo que el Gobierno carece de oposición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una situación precaria. No porque el Congreso esté a punto de solicitar su destitución conforme al artículo 101 de la Constitución, sino porque la facción kirchnerista que lidera la bancada peronista ha evitado firmar la moción necesaria.
Adorni podría verse en problemas debido a las investigaciones que pesa sobre él, lideradas por el juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Aparentemente, podría ser convocado a declarar antes del receso judicial de julio. Es poco probable que la Justicia convoque a un jefe de Gabinete sin contar con razones contundentes que justifiquen un eventual procesamiento. Este posible desenlace ha generado un entusiasmo oculto entre algunas figuras del oficialismo. Por ejemplo, Pablo Quirno ha comenzado a soñar con ascender a la Jefatura desde su actual posición en la Cancillería. Por otro lado, Pilar Ramírez, quien tiene la atención de Karina Milei, busca posicionarse en la Legislatura ante la eventual vacante que dejará Adorni.
Los hermanos Milei continúan respaldando a Adorni, a pesar de que su apoyo se vuelve cada vez más cuestionable, alimentando especulaciones sobre posibles complicidades. Curiosamente, entre las teorías que se barajan, hay quien se pregunta si el juez Lijo no es parte de una estrategia en la interna del gabinete, dado que fue clave en la promoción de figuras cercanas a Milei.
La situación de Adorni se complica aún más al no poder presentar la declaración jurada que acredite la legalidad de su patrimonio. Esta postergación subraya su situación crítica, y aunque su conducta ante la Justicia es motivo de risas en Comodoro Py, no debe restarse importancia a las advertencias de los técnicos del Fondo sobre la politización del proceso judicial.
