La propuesta del legislador proveniente de Santa Fe también convoca al Poder Ejecutivo Nacional a restaurar de inmediato los mecanismos necesarios para asegurar un acceso real y efectivo al derecho al transporte gratuito, conforme a lo estipulado en las leyes actuales.
“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, aseguró Giuliano.
El proyecto destaca que la decisión del Gobierno Nacional infringe principios constitucionales y convencionales que protegen a las personas con discapacidad y defienden el derecho a la salud; además, representa un retroceso en el ámbito de los derechos sociales.
En su argumentación, se menciona que el transporte gratuito no es un privilegio, sino un componente esencial de inclusión, accesibilidad y acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y empleo.
Asimismo, el diputado remarcó el impacto federal de esta decisión, señalando que “miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud.”
