Rosato expresó: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes”. A través de un comunicado oficial, el presidente de IPA informó que el aumento de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha superado el 130% en el último año, con la proyección de que 2026 podría batir el récord alcanzado durante la pandemia.
En este contexto, Rosato exigió al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente para enfrentar lo que describe como una ‘crisis terminal’ que afecta a las Pymes. Además, instó al Congreso de la Nación a tratar y aprobar de manera urgente el proyecto de ley de emergencia económica para evitar el cierre masivo de empresas.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún faltan los del resto del país para medir la verdadera magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, enfatizó Rosato.
El presidente de IPA estuvo acompañado por Germán Pizzano, titular del Departamento de Legales de la organización, quien indicó que el sector manufacturero se enfrenta a un inminente colapso judicial y productivo, con un aumento del 132% en las aperturas de concursos preventivos en el último año.
Pizzano detalló que desde noviembre de 2023 hasta principios de 2026, se cerraron 24.437 empresas. Además, apuntó que 327.813 trabajadores han perdido la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
El informe de IPA también destacó una grave contracción productiva resultante de un proceso de desinversión, que se manifiesta como una pérdida neta de inversión extranjera directa, alcanzando un saldo negativo histórico que no se observaba en 22 años.
Pizzano comentó que varias multinacionales han abandonado el país, mientras que las empresas locales intentan sobrevivir adaptando sus modelos productivos a la actual economía, enfocándose en importaciones para mantenerse a flote.
El documento del Departamento de Legales también señala que durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos, comparado con solo 82 en 2023, marcando un incremento del 131.71%. A inicios de este año, se abrieron 92 nuevos procesos concursales, superando incluso los concursos reportados durante los años más críticos de la pandemia.
La grave situación se agrava aún más, con una capacidad ociosa del 40.2% en el sector, lo que resulta en pérdidas significativas de capital y un impacto devastador en los empleos generados. Pizzano mencionó que el dolor no radica únicamente en el costo contable de los cierres, sino también en la pérdida de empleo y las repercusiones en el entorno empresarial.
Para mitigar esta crisis, IPA propuso medidas basadas en el Derecho de la Emergencia, buscando implementar un enfoque “paliativo y transitorio” para que las Pymes puedan recuperar capital de trabajo. Estas medidas incluirían la suspensión de ejecuciones hipotecarias y la extensión del período de exclusividad para la reestructuración.
“Se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563”, se indicó en el documento. Según Pizzano, “el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es mediante una legislación de emergencia”.
El documento concluye que este blindaje jurídico debe ir acompañado de un cambio en las políticas económicas, ya que “la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno”.
