“Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”, afirmó el fiscal Picardi al solicitar una nueva indagatoria, ampliando las acusaciones.
Entre los nuevos implicados se encuentra Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, quien ya enfrenta cargos por corrupción relacionados con el mal uso en la compra de medicamentos, sobornos y otras acciones irregulares.
Esta situación revela otro conjunto de manipulaciones en la ANDIS, donde se han detectado “articulaciones entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. Según Picardi, dichas maniobras han resultado en la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos del erario, favoreciendo a un pequeño grupo empresarial.
El juez federal Ariel Lijo ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha dispuesto un nuevo cronograma para las indagatorias, comenzando este martes con Spagnuolo y su colaborador en la ANDIS, Daniel Garbellini. Se han emitido 35 citaciones en total, dirigidas a exfuncionarios y empresarios que deberán comparecer ante los tribunales de Retiro.
Esta segunda fase de la investigación se enfoca en insumos de alto costo y de menor incidencia en la ANDIS, similar a la categoría de medicamentos que llevó al primer procesamiento de Spagnuolo. “Se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”, explicó el juez.
Asimismo, Lijo considera que esta maniobra “habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, lo que permitió garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas y menoscabar los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares involucrados.”
