Este aumento en los costos ha derivado en una reducción de los subsidios, sobre todo en el sector energético, que cayó del 1,5% del PIB (US$9683 millones) al 0,6% (US$3999 millones). A pesar de esto, los hogares del AMBA aseguran que sus tarifas cubren, en promedio, el 61% de los costos, mientras que el 39% restante es asumido por el Estado, según datos proporcionados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), vinculado a la UBA y al Conicet.
En abril, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $212.694 al pago de sus servicios públicos: luz, gas, agua y transporte. Esta cifra representa un incremento del 49% en comparación con el mismo mes del año anterior, superando el 32% de inflación proyectada en dicho periodo.
Este panorama revela la tensión subyacente en el sistema tarifario argentino: aunque ha habido un considerable aumento en los precios, el punto de partida era tan bajo que la diferencia con los costos reales persiste siendo significativa.
Analizando la canasta de $212.694, se observa una distribución desigual. El agua, siendo el componente más accesible, cuesta $28.987 mensuales. La electricidad se sitúa en $28.691, el gas en $24.015, y el transporte, que representa la mayor carga y distorsión, alcanza los $107.187, constituyendo más de la mitad del total.
Este desbalance no es nuevo, pero se ha intensificado: el transporte fue el sector con mayor aumento interanual, presentando un incremento del 76% respecto a abril de 2025, en contraste con el 34% de la electricidad, el 36% del gas y el 19% del agua.
La situación del transporte es notable. A pesar de que el Estado invierte más dinero en este sector (cubriendo el 65% del costo), sigue siendo la partida más gravosa para los hogares. El IIEP calcula que el costo técnico real del pasaje de colectivo asciende a $1927, mientras que el precio promedio en el AMBA es de $800. Este sistema enfrenta dificultades, y en un contexto de incremento de precios de combustible por la guerra en Oriente Medio, la oferta de colectivos ha disminuido en un 30% respecto a los niveles operativos habituales, con una caída del 40% en la Provincia de Buenos Aires y menor en la Ciudad, donde la reducción ha sido del 5%.
Complicando aún más la situación, desde febrero de 2025, las tres jurisdicciones que comparten el sistema de transporte en el AMBA —la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado nacional— han dejado de coordinar tarifas y han comenzado a ajustarlas según sus propias necesidades fiscales.
